A la directora nacional de Registros de Títulos, Rosabel Castillo, se le impuso una fianza de 500.000 pesos (unos 10.000 dólares) e impedimento de salida del país, al igual que a los también imputados Irving José Cruz Crespo, exconsultor jurídico de la Corporación Estatal de Empresas del Estado (Corde), y a los agrimensores Ana Antonia Ozuna Nolasco y Hadonis Ruiz Mella.