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La Junta Central Electoral (JCE) garantizó hoy que conocerá cada una de las solicitudes de reconocimiento de nuevos partidos, "bajo el estricto apego a lo que establecen la Constitución de la República y las leyes", dentro de los plazos legales.

Roberto Rosario presidente de la Junta Central Electoral (JCE) dispuso el inicio de los trabajos de campo para la inspección y supervisión de los partidos y movimientos políticos que hayan completado sus expedientes para el reconocimiento.

La Junta Central Electoral informa que en interés de ampliar la cobertura de servicios que ofrece a los ciudadanos y ciudadanas que a la fecha no han adquirido su nueva cédula de Identidad y Electoral, y continuando con la aplicación del Plan General de nuestra institución, iniciará a partir de la próxima semana un programa de cedulación a personas en condiciones precarias de salud o envejecientes con imposibilidad de traslado a los Centros de Cedulación en el país.

La Junta Central Electoral informa al país que al vencerse la fecha de vencimiento de la vieja cédula de identidad y electoral, o cédula amarilla, fijado para el 10 de enero en curso, un total de 5,715,299 visitaron nuestros centros de cedulación desde mayo del año 2014 hasta la fecha señalada, recibiendo tickets de servicios en los mismos.

La Junta Central Electoral exhortó a las ciudadanos y ciudadanas que todavía no han renovado su cédula de Identidad y Electoral para que lo hagan aprovechando el horario extendido en los 176 centros de cedulación instalados en el Distrito Nacional y todos los municipios del país, así como en los 75 centros que operan en unidades móviles en distintos puntos del territorio nacional.

La presidenta del Senado, Cristina Lizardo Mézquita, llamó a la Junta Central Electoral (JCE) a evaluar la posibilidad de extender el plazo de caducidad de la cédula de identidad y electoral, debido al elevado número de personas que faltan por obtener el nuevo documento.

La Junta Central Electoral (JCE), discute la posibilidad de implementar el voto electrónico en el país, para cuyo propósito realiza el seminario Internacional "Elecciones y Tecnología", con la participación de representantes de organismos electores de más de 20 países.

La Junta Central Electoral informó que ya están funcionando los centros de cedulación en varias ciudades de Estados Unidos, Panamá y Europa para la expedición del nuevo formato de la Cédula de Identidad y Electoral a los dominicanos residentes en el exterior.

La JCE inició una campaña en los distintos medios de comunicación en la que llama a la ciudadanía a cambiar la cédula en un proceso que tiene previsto concluir en un máximo de 18 meses.

La JCE expresó agradecimiento a los partidos políticos por la confianza depositada en la administración e implementación de este proyecto que ordena la ley.

Las declaraciones fueron dadas en el acto inaugural del seminario internacional "Elecciones primarias en América Latina y República Dominicana: experiencia, balance y perspectiva".

El Gobierno anunció ayer la disposición del Consejo Nacional de Migración de medir el impacto de la sentencia del Tribunal Constitucional en lo relativo a los extranjeros inscritos en el sistema registral, tanto regular como irregular.

Juliana Deguis, una mujer nacida en República Dominicana y descendiente de haitianos a la que el Tribunal Constitucional negó la nacionalidad denunciará su caso en la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH), dijo ayer a Efe su abogado defensor, que calificó el fallo de "aberrante". Según la oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos de la ONU, decenas de miles de personas, que abarcan tres generaciones, podrían convertirse en apátridas, sin acceso a servicios básicos para los que se requiere un documento nacional de identidad.

El fallo del TC intentaba determinar si la Junta Central Electoral vulneró los derechos constitucionales al negarle la cédula de identidad a la ciudadana Juliana Deguis, descendiente de haitianos. Varias de las ONGs que adversan la decisión del Tribunal Constitucional consideran "política" la decisión, detrás de la cual hay grupos conservadores de gran influencia en el Estado dominicano, consideran.