Descendiente de haitianos denunciará a RD en la Corte Interamericana de los Derechos Humanos

La decisión inapelable del alto tribunal fue tomada a raíz de un recurso de revisión de amparo interpuesto por Juliana Deguis Pierre contra la Junta Central Electoral por una sentencia de la Cámara Civil, Comercial y de Trabajo del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial de Monte Plata, que le negó la cédula de identidad y electoral.

El tribunal argumentó en su sentencia emitida el 23 de septiembre pasado que, conforme a la Constitución dominicana de 1966, vigente a la fecha de nacimiento de Deguis Pierre, a la mujer no le corresponde la nacionalidad dominicana y, por tanto, tampoco la cédula de identidad y electoral.

Además, según el fallo, la demandante no demostró que al menos uno de sus padres tuviera residencia legal en la República Dominicana en el momento de su nacimiento, el 1 de abril de 1984.

Manuel de Jesús Dandre, uno de los abogados de la mujer, dijo ayer a Efe que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), con sede en Washington, ya había emitido medidas cautelares a favor de Deguis Pierre, entre ellas la garantía de sus documentos, y que recomendó a representantes del Estado reunirse con su defendida pero no lo hicieron.

"Lejos de cumplir con las medidas, el Estado envió a la CIDH una lista con nombres de personas, entre la que estaba Juliana, a las que les iba a anular las actas de nacimiento" por supuestas irregularidades, aseguró el letrado.

En sus declaraciones a Efe, Dandre dijo que debido a que el Estado dominicano no ha cumplido con la solicitud de la CIDH, la defensa de Deguis Pierre "está cursando en estos momentos" la solicitud de la apertura del caso ante la CorteIDH, con sede en San José de Costa Rica.

"Es una sentencia política, no judicial", agregó el letrado, quien dijo que su defendida sigue recibiendo apoyo de las diferentes organizaciones que defienden los derechos de los inmigrantes y sus descendientes en el país.

Dicha sentencia ha generado opiniones a favor y en contra, así como la condena de la Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos.  Según la oficina de la ONU, decenas de miles de personas, que abarcan tres generaciones, podrían convertirse en apátridas, sin acceso a servicios básicos para los que se requiere un documento nacional de identidad.