Aunque las autoridades sostienen que la transformación institucional avanza, los acontecimientos de las últimas semanas evidencian que uno de los mayores retos sigue siendo llevar esos cambios del papel a la práctica cotidiana.
En los últimos tres meses, diversos casos han derivado en investigaciones del Ministerio Público, procesos judiciales y reclamos de familiares y organizaciones de derechos humanos, generando cuestionamientos sobre la aplicación de los protocolos de actuación, el uso proporcional de la fuerza y los mecanismos de supervisión interna.
Las estadísticas disponibles reflejan además un patrón preocupante. Desde 2020, al menos 273 personas de entre 16 y 35 años han fallecido en hechos donde participaron agentes policiales. Asimismo, de las 2,445 muertes atribuidas a actuaciones policiales registradas entre 2004 y 2026, se logró identificar la edad de 1,298 víctimas, siendo precisamente ese grupo etario el más afectado.
Casos recientes mantienen el escrutinio
El episodio más reciente ocurrió en San Cristóbal, donde Miguel Antonio Lucas, de 43 años, falleció mientras permanecía detenido en un destacamento policial. De acuerdo con la denuncia de sus familiares y su representante legal, un certificado médico realizado antes de su ingreso establecía que no presentaba lesiones. Tras su muerte, familiares trasladaron el féretro hasta la sede policial como forma de protesta para exigir una investigación exhaustiva.
Otro hecho que provocó una fuerte reacción pública fue la muerte de Darlin Mercado Reyes, de 19 años, ocurrida el 3 de julio durante una intervención policial en el sector La Cañada de Guajimía, en Santo Domingo Oeste. Videos del incidente circularon ampliamente en redes sociales y desencadenaron protestas de residentes, mientras el Ministerio Público solicitó medidas de coerción contra un agente involucrado en el caso.
La lista también incluye el fallecimiento de Bartolo Rodríguez, de 66 años, en La Altagracia; la muerte de Marky Abraham García Gil durante una persecución en La Vega, captada parcialmente en video; y el caso del adolescente Ángel Manuel Luna, de 16 años, quien perdió la vida tras caer de la motocicleta que conducía mientras intentaba evitar una unidad integrada por miembros de la Policía Nacional y el Ejército.
Reforma bajo presión
Cada uno de estos episodios ha reforzado el debate sobre la necesidad de que la reforma policial produzca resultados tangibles en el comportamiento de los agentes durante las intervenciones.
El Gobierno mantiene su compromiso con la modernización de la institución, mientras el proyecto de ley que sustenta parte de esa transformación continúa su curso en el Congreso Nacional. Paralelamente, las autoridades insisten en que los casos denunciados deben ser investigados para establecer responsabilidades individuales y garantizar que las actuaciones policiales se ajusten al marco legal.
Sin embargo, especialistas coinciden en que la credibilidad del proceso dependerá no solo de los cambios normativos o administrativos, sino también de la capacidad de prevenir nuevos hechos de violencia, fortalecer la rendición de cuentas y recuperar la confianza de la ciudadanía.
Mientras continúan las investigaciones de los casos más recientes, la reforma enfrenta una prueba determinante: demostrar que la transformación institucional puede traducirse en procedimientos más transparentes, mayor respeto por los derechos fundamentales y una actuación policial acorde con los estándares que demanda la sociedad dominicana.
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