Presidente Medina devuelve al Congreso la ley que modifica el Código Procesal Penal

Según este alto funcionario la pieza legislativa será devuelta atendiendo al reclamo de sectores ciudadanos que rechazan determinados aspectos de la reforma al Código Procesal Penal. Dijo que la devolución permitirá un nuevo debate y que "las reformas que definitivamente se aprueben, satisfagan al ciudadano por la seguridad pública, el respeto de los derechos fundamentales de las personas envueltas en los procesos penales y la adecuación de las mismas a las normas constitucionales".

 Una polémica importante ha tenido lugar los últimos años con relación a la sanción a los crímenes y delitos, las garantías de los inculpados y la supuesta condescendencia de los tribunales. 

Durante su primer mandato presidencial, de 1996 a 2000, Leonel Fernández impulsó una reforma al Código Procesal Penal. Esta fue finalmente aprobada por ley en 2002. 

Esta aprobación fue saludada como un avance al acelerar los procesos y asegurar garantías a las personas inculpadas. 

Al incrementarse los últimos años la comisión de crímenes y delitos, sectores conservadores atribuyeron el hecho al nuevo código, argumentando que este era el "código de los delincuentes".

Los reclamos a favor del endurecimiento de las penas y de la restricción de los derechos de los inculpados se multiplicaron. Finalmente, las cámaras legislativas votaron una serie de reformas al Código Procesal Penal aplaudidas por los grupos y personas más conservadoras y criticadas por los de pensamiento más liberal. 

Se destaca entre los críticos de las reformas aprobadas la posición de la influyente Fundación Institucionalidad y Justicia. Esta ha señalado que muchos de los cambios introducidos restringen los derechos de los inculpados, hacen de la prisión preventiva una regla y no la excepción y tienden a retrasar el desenvolvimiento de los procesos penales. 

Organizaciones diversas, tanto de carácter político como de la sociedad civil, han sido muy críticas de una de las modificaciones aprobadas por el Congreso que tiende a limitar la capacidad de los ciudadanos para reclamar en justicia sanción para los funcionarios públicos considerados corruptos. 

Esta limitación ha sido considerada por muchos como un retroceso en materia de libertades civiles y derechos democráticos, dando lugar a manifestaciones de reclamo al presidente de la República en diferentes ciudades del país para que este observara la ley. La observación presidencial concitará el aplauso de los sectores más liberales y la molestia de los sectores conservadores que reclaman mayores sanciones para los que infringen la ley.