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Tribunal Constitucional

Juliana Deguis, una mujer nacida en República Dominicana y descendiente de haitianos a la que el Tribunal Constitucional negó la nacionalidad denunciará su caso en la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH), dijo ayer a Efe su abogado defensor, que calificó el fallo de "aberrante". Según la oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos de la ONU, decenas de miles de personas, que abarcan tres generaciones, podrían convertirse en apátridas, sin acceso a servicios básicos para los que se requiere un documento nacional de identidad.

El fallo del TC intentaba determinar si la Junta Central Electoral vulneró los derechos constitucionales al negarle la cédula de identidad a la ciudadana Juliana Deguis, descendiente de haitianos. Varias de las ONGs que adversan la decisión del Tribunal Constitucional consideran "política" la decisión, detrás de la cual hay grupos conservadores de gran influencia en el Estado dominicano, consideran.

El TC anunció el 25 de septiembre un fallo que establece que a las personas nacidas en el país de padres extranjeros en tránsito después de 1929 no les corresponde la nacionalidad dominicana.

El canciller haitiano, Pierre-Richard Casimir, convocó al ministerio al embajador dominicano en Puerto Príncipe, Rubén Silié, para tratar del fallo judicial del Tribunal Constitucional en República Dominicana, que niega la nacionalidad a los hijos de extranjeros que viven en situación irregular en el único país vecino de Haití. Dicha decisión afecta a miles de personas descendientes de haitianos, que ha sido definido por algunos políticos haitianos de oposición incluso como un "crimen contra la humanidad".

En los últimos 12 meses el Ejército dominicano ha repatriado a 47.700 ciudadanos haitianos.

El director general de Migración, José Ricardo Taveras, declaró que contrario a la campaña que catalogó de "distorsionada" de algunos sectores, la sentencia del Tribunal Constitucional (TC) busca regular la situación migratoria de los haitianos, la mayoría de ellos residentes irregulares en el país. Para el funcionario es loable y positiva la decisión del TC. "No es verdad que el Estado, el Gobierno, ni las autoridades dominicanas en general, van a cometer ningún acto de injusticia", manifestó.