“En la Comisión de Ciencias Naturales y este colectivo de hombres y mujeres de ciencias, estamos conscientes de que la minería es una fuente legítima de riquezas, de la cual el país no debe prescindir, si su desarrollo se enmarca dentro de un Plan Nacional de Ordenamiento del Territorio, con un marco jurídico actualizado y ambientalmente responsable”, expresa el documento elaborado por la Comisión de Ciencias Naturales
Monseñor Nouel y La Vega son las provincias con mayor cobertura boscosa del paí. Deveaux: práctica de Falcondo se enfoca en los Objetivos de Desarrollo Sostenible.
Antonio Isa Conde planteó que un paso importante en ese sentido es corregir el malgasto histórico de recursos proveniente de la minería, riquezas que en el pasado se diluían dejando a las comunidades mineras con las manos vacías.
La Fundación para el Progreso del Sur (Funprosur) afirmó que el permiso de explotación "constituye un desafío para cada uno de los habitantes de San Juan y para el pueblo dominicano en sentido general porque se trata de una zona productora de agua y de gran importancia para la agropecuaria de toda la región del Valle".
Al citar los beneficios de la aplicación del concepto de minería responsable, José Sena resalta que esa industria hizo crecer la economía en un 26.3 % el año pasado, registrando los mayores aportes en empleos, exportaciones y pagos al fisco.
La entidad ofrece desayuno-conferencia con el presidente Goldquest Dominicana, Julio Espaillat, minera que identificó yacimientos de oro y cobre en San Juan de la Maguana, abriendo una oportunidad de desarrollo económico de la región Sur, a través de la aplicación de una minería responsable.
El ministro de Energía y Minas, Antonio Isa Conde, apostó por una minería constructiva que genere bienestar a la gente, especialmente en países en desarrollo como República Dominicana que acumulan grandes deudas sociales.
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La inversión minera tiene el potencial –y lo está demostrando- de impactar el Producto Interno Bruto (PIB), la atracción de inversión extranjera, las exportaciones, los ingresos del Estado, el empleo, los encadenamientos productivos y el desarrollo regional y rural.
Al hablar de sostenibilidad social y ambiental y procesos de extracción minera ha de tomarse en cuenta que las prácticas mineras modernas se hacen tomando en cuenta todos los parámetros necesarios de protección ambiental y laboral y fortaleciendo la contribución y cooperación en las comunidades en las que llevan a cabo sus operaciones, expresó Circe Almánzar, vicepresidente de la Asociación de Industrias de la República Dominicana (AIRD).
La Fundación Justicia y Transparencia advirtió que el proyecto minero acabaría con los propios esfuerzos del gobierno nacional y de organismos internacionales de sostenibilidad ambiental.
Este sector tuvo inversiones directas en los últimos 10 años por más de 6,200 millones de dólares, exportaciones en el 2016 por 1,779 millones de dólares, pagos al fisco por 1,300 millones de dólares, equivalente al 51% de todas las recaudaciones y creó 44 mil empleos, constituyéndose en una fuente vital para los ingresos del gobierno y para el desarrollo económico.
Fue aplazado por espacio 90 días las concesiones de explotación y suspendido por seis meses la recepción de solicitudes de concesiones de exploración.
La Mesa Redonda de los Países de la Mancomunidad en la República Dominicana realizará el jueves 20 de abril un desayuno-conferencia con el ingeniero Julio Espaillat, presidente Goldquest Dominicana, empresa minera de inversionistas canadienses, británicos y suizos que tiene identificado nuevos yacimientos de oro y cobre en la región sur del país.
El funcionario ratificó su defensa al proyecto Punta Catalina como una opción adecuada para suplir necesidades perentorias existentes en el sistema eléctrico nacional.
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