Día 15 de marzo de 2023, Día Internacional del Consumidor

Ni el empresariado ni el gobierno han tenido piedad con el consumidor dominicano, el primero, sigue exigiendo tener altas guanacias y el segundo, sigue exigiendo altos impuestos a una población empobrecida por la pandemia, el desempleo y la situación internacional de guerra. Para el capital privado y para su socio, el gobierno, nada de eso ha sucedido, ni está aconteciendo: siguen cargando el peso de la crisis sobre el escuálido consumidor.

El gobierno, por intermedio de sus órganos que ofrecen servicios domiciliarios, como agua, energía eléctrica y productos de primera necesidad o canasta familiar, golpea duramente al consumidor; viola decisiones del Tribunal Constitucional, corta el servicio de agua potable y de electricidad, al tiempo que siguen cobrando con aumento las tarifas, a los usuarios de estos servicios sin previo aviso, aduciendo haber encontrado un desorden en la papelería de los órganos competentes, pero aprovechándose de ese supuesto error para cometer arbitrariedades que luego de judicializadas, tampoco respetan las decisiones de los tribunales.

El servicio de salud no puede ser peor: nada de atención primaria, nada de suministro de medicamentos, nada de atención universal sino copagos para los médicos y altas beneficios para las denominadas administradoras de riesgos de salud, ante un gobierno que, por ser neoliberal, guarda silencio sobre estos abusos.

La situación medioambiental del país no puede ser peor, los ríos se están extinguiendo por la brutal extracción de agregados para la construcción, el desmonte y el lanzamiento no controlado de desechos sólidos, principalmente, plásticos y basura electrónica; el ruido ambiental o contaminación sónica niegan un ambiente sano al consumidor dominicano. A esta violación de derechos se une la administración de justicia desde la Procuraduría hasta la Suprema Corte, alegando precariedades económicas que impiden proteger al medioambiente y al consumidor.

En el ámbito de los gobiernos municipales, estos continúan con su vieja práctica de desconocer los derechos del consumidor o usuarios a pesar que, desde la colonia, existen leyes de protección al consumidor.

Las medidas sobre peso, volumen, calidad, contenido y presentación brillan por su ausencia, reina una gran dispersión en este aspecto. El país no cuenta todavía con una ley de etiquetado, ni se sanciona la publicidad engañosa. Tampoco funcionan el Pro Consumidor ni los órganos sectoriales, pues se trata de plazas políticas donde el gobierno respeta la cuota empresarial de cuerpos colegiados, pero se abroga el derecho de escoger a representantes inorgánicos de los consumidores para que sirvan al gobierno y a los empresarios. La política de calidad, aunque bien estructura, le pasa como a la administración de justicia y al a procuraduría, no es dotada de los recursos indispensables. Pero se habla de crear un ministerio de justicia. No hay recurso para el que hay pero se plantea la creación de otro órgano.

El más vulnerable de todos los consumidores, el turista, a pesar de ser extranjero, corre la misma suerte que el turista local, a no ser porque cuenta con la posibilidad de reclamar su derecho en su país de origen. Los controles sanitarios continúan siendo objeto de vendetta política, la seguridad ciudadana no existe; la Policía Nacional, ni la Policía turística protegen a nadie.

A pesar de que los precios del petróleo de Texas, referentes del precio al consumidor dominicano en la materia, ha sido en lo que va del año de 75 dólares, es decir inferior en más de un treinta (30%), al precio del año pasado, no se han rebajado los precios de los combustibles, factor que mantiene los precios altos y una posible inflación de dos dígitos si no se toman medidas de aumentos salarial generalizados y superior a la inflación operada por inducción, pues el precio de la divisa extranjera, se ha mantenido estable, por tanto, las alzas en los productos de consumo humano básico del consumidor dominicano obedecen a la política neoliberal que lleva a cabo el gobierno de turno.

El Ministro de Trabajo ha admitido, en público que, el país cuenta con al menos diecisiete (17) salarios mínimos sin que ninguno cubra la canasta familiar. Al tiempo que el capital sigue teniendo ganancias excesivas y que el Estado está obteniendo altas recaudaciones solo para pagar en galopante endeudamiento externo que no beneficia al consumidor, pues lo emplea en pagar préstamos internacionales del gobierno y del capital local. Área en la que, ciertamente, está al día.

El gobierno sigue sin brindar wifi de calidad a los estudiantes y profesores del país, para contribuir con las ganancias de las telefónicas y violando el derecho humano a estar conectado que reclama ese sector de los consumidores. Al tiempo, que ofertan precios prohibitivos al gran público consumidor, lo que hace imposible a esos sectores acceder al comercio electrónico.

Consumers International (CI) ha declarado 2023, como Año del fomento a las energías limpias y renovables, sin embargo, el impacto de esas declaración, es casi nulo en el país, porque el gobierno solo tiene proyectos en ese sector, para grandes inversionistas nacionales y extranjeros, pero carece de una política de facilitación al consumidor nacional para el desarrollo y fomento creativo de esas formas de energía, lo que implica que, su política sobre el cambio climático, no incluye al consumidor dominicano.

Así las cosas, el movimiento consumerista nacional tiene muchas observaciones que hacer al gobierno y al sector privado, y poco que celebrar. Esto así porque el carácter de Estado social y democrático de derecho es solo poesía que puede leerse en la Constitución dominicana. DLH-15-3-2023