La CNDH valora como apegada al derecho internacional la sentencia de la CIDH

Cabe resaltar además que la Corte verificó que "al menos en la época de los hechos del presente caso, durante un período cercano a una década a partir de 1990, en República Dominicana existía un patrón sistemático de expulsiones" y que "los hechos del presente caso se insertaron en un contexto en que, en República Dominicana, la población haitiana y las personas nacidas en territorio dominicano de ascendencia haitiana comúnmente se encontraban en situación de pobreza y sufrían con frecuencia tratos peyorativos o discriminatorios, inclusive por parte de autoridades, lo que agravaba su situación de vulnerabilidad". 

Como institución defensora y promotora de los derechos fundamentales del pueblo dominicano y de los seres humanos, hemos constantemente denunciado esta situación en todas las instancias nacionales e internacionales. Considerando que la República Dominicana ha firmado y ratificado la Convención americana sobre derechos humanos del año 1969 (Pacto de San José), valoramos como extremadamente grave esta sentencia emitida por la CIDH, que una vez más, condena nuestro Estado por graves violaciones de los derechos humanos. Agregamos, que vista la situación respecto a las violaciones de los derechos humanos, situación que cada año se deteriora siempre más, y vistas las reiteradas denuncias que estamos presentando ante los organismos internacionales, tanto respecto a la sentencia del Tribunal Constitucional No. TC/0168/13 y los artículos 6, 8 y 11 de la Ley No. 169-14, que de acuerdo a cuanto dictado por la CIDH "resultan violatorios de la Convención Americana" , cuanto respecto a las ejecuciones extrajudiciales y las desapariciones forzadas, no cabe la menor duda que el Estado dominicano se encontrará a menudo en el banquillo de los acusados por graves violaciones de los derechos humanos, a menos que nuestros gobernantes y nuestras instituciones no cambien el rumbo de las cosas y opten por administrar el país bajo un efectivo y real Estado Social y Democrático de Derecho, como establecido en nuestra Constitución en su artículo N.7 Lamentamos que al fin le toque al pueblo dominicano pagar de su bolsillo por esta conducta irresponsable ya que la sentencia de la CIDH dicta también medidas económicas que tienen que ser respetadas por el Estado. Finalmente, instamos las autoridades a no escuchar las voces de presuntos "nacionalistas" que llaman a la salida del país de los que son universalmente reconocidos como los mecanismos internacionales de protección de los derechos humanos, ya que estar bajo el amparo de estos organismos nos inserta a pleno título en la que se define "comunidad internacional".