.Santo Domingo.- El inicio de los trabajos de construcción de las plantas se hizo oficialmente en el pasado diciembre con la presencia del presidente de la Republica Danilo Medina. La semana pasada la Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales (CDEEE) invitó a un nutrido grupo de periodistas a observar el avance de los trabajos consistentes, hasta ahora, en la adecuación de los terrenos donde se construirán las plantas.
No obstante, a preguntas de los periodistas, el vicepresidente ejecutivo de la CDEEE, Rubén Jiménez Bichara, confirmo que hasta la fecha no se han obtenido los créditos internacionales necesarios para llevar adelante la obra.
Medios de prensa locales han resaltado que mientras Jiménez Bichara insiste en que es el consorcio que gano la licitación para la construcción de las plantas el que debe obtener el financiamiento, la autorización aprobada por el Congreso Nacional hace recaer esta responsabilidad en el Estado dominicano.
Se considera que la obtención del financiamiento se ha hecho difícil en razón de las restricciones que han impuesto los grandes organismos financieros internacionales a los préstamos en consideración del carácter altamente contaminante de estas.
Por su lado, la diputada Minou Tavarez Mirabal, que acaba de renunciar a su membresía del gobernante Partido de la Liberación Dominicana (PLD), denunció que los diputados se niegan a proteger los intereses públicos obedeciendo órdenes de los altos dirigentes de este partido.
Manifestó la diputada Tavarez que fue respondiendo a un mandato de este partido que la Cámara de Diputados se negó a incorporar al proyecto que autoriza la participación del Estado en la generación de energía a través de la Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas (CDEEE), una cláusula que protegería esa inversión pública de ser vendida por valores distintos de lo que costará al pueblo dominicano.
Representantes del movimiento ambientalista como Luis Carvajal, coordinador de la Comisión Ambiental de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, han insistido en que el gobierno viola la ley cuando insiste en llevar adelante el proyecto sin que se hayan elaborado ni aprobado los estudios de impacto ambiental correspondientes.
Uno de los opositores del proyecto por sus negativas repercusiones ambientales, el ex ministro de Medio Ambiente Max Puig, ha señalado que este realizarse se convertiría a la región de Peravia en un "valle de la muerte.
Expertos en la materia han indicado que la construcción de plantas de generación como las propuestas toma alrededor de 48 meses. Teniendo en cuenta este hecho, así como los elementos citados más arriba, se han generado serias dudas de que el gobierno pueda cumplir su promesa de que las plantas estarán funcionando en el año 2017.
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