Santo Domingo.- El Comité consideró
que este crédito posee todas las características de un préstamo buitre, ya que
deberá ser pagado por el país en un plazo de 3 años y medio, sin prórrogas, en
24 pagos fijos y a un interés que no ha sido publicado.
Este préstamo
y las condiciones extremas en las que se ofrece demuestra que el gobierno y la
Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales (Cdeee) fracasaron en la
obtención de financiamiento para la construcción de las plantas de Punta
Catalina, por lo que "se están agarrando de un clavo caliente".
El primer vicepresidente de la Cdeee, Rubén
Jiménez Bichara, había asegurado que la empresa Odebrecht a quien de manera
irregular se le concedió el contrato de construcción de las plantas,
financiaría el proyecto, posteriormente, el 13 de marzo pasado, anunció que se
había obtenido de varios bancos un préstamo de US$1,207 millones, y ahora lo
que finalmente el Poder Ejecutivo ha enviado al Senado es un préstamo buitre
que apenas cubre un tercio del costo de la obra.
El CNLCC señala además, que el Senado debe rechazar este préstamo al
estar dirigido a financiar un proyecto sobrevaluado en alrededor de mil
millones de dólares y que no cuenta con los documentos legales que avalen la
propiedad de los terrenos donde se construye y las cartas de no objeción de los
ayuntamientos con fecha anterior al inicio del proyecto.
Señaló que por
la falta de transparencia y por las violaciones a la ley que han incurrido el
gobierno y la Cdeee en la construcción de estas plantas, solicitó el pasado 12
de febrero, al Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales la revocación
de la licencia ambiental que le fuera otorgada a un año de haberse iniciado las
obras en violación a la Ley 64-00 y al reglamento que norma la emisión de los
permisos y licencias ambientales.
También indicó
que la entidad solicitó formalmente a la Cámara de Cuentas de la República, en
la persona de su presidenta, la doctora Licelot Marte de Barrios, la
realización de una auditoría al proceso de licitación del contrato de esta
construcción y a la inversión de fondos públicos que se ha realizado en los
terrenos de Punta Catalina donde se levantan estas plantas de carbón.
Igualmente le
remitió una carta a la presidenta del Brasil y al procurador general de esa
nación, para que investigara a Odebrecht por la sobrevaluación de la
construcción de estas plantas y por el conflicto de intereses entre esta
empresa y la empresa contratada por la CDEEE para dirigir la licitación que
finalmente le concedió el contrato del proyecto.
El comité
afirmó que el hecho de que estas plantas de carbón sean un proyecto del
gobierno, no lo exime del cumplimiento de las leyes y del respeto a la
institucionalidad, sino todo lo contrario, debió haberse procedido con
transparencia y con absoluto apego a las leyes y a las normas ambientales.
Manifestó que
el Senado debe también rechazar este préstamo por beneficiar unas plantas que
aumentarán las emisiones de dióxido de carbono a la atmósfera lo que es
contrario a los acuerdos sobre el cambio climático a los que se ha comprometido
el Estado dominicano, contaminará el ambiente de la provincia Peravia, dañando
gravemente la salud de la población y la producción agropecuaria de la región.
"Si, por el
contrario, estas plantas que se construyen en Punta Catalina fueran a operar
con gas natural y/o energías renovables, además de tener un costo mucho menor
en su construcción, hubieran obtenido financiamiento blando de los organismos
internacionales, incluidos el Banco Mundial y el Banco Interamericano de
Desarrollo (BID)", dijo.
La entidad
aseguró que Jiménez Bichara ha intentado justificar durante estos dos últimos años el uso del carbón mineral en esta plantas
sobre la mentira de que el país no podía obtener gas natural, lo que en estos
momentos desmiente el mismo funcionario al justificar la aprobación de la
construcción de una terminar que recibirá a gran escala este combustibles en
San Pedro de Macorís.
Si (
No(
