Santo Domingo.- El presidente de Alianza por la Democracia (APD) Max Puig calificó hoy de
"fracaso" el Plan Nacional de Regularización de Extranjeros, y
sugirió que ante ese supuesto fallo las autoridades "flexibilicen"
los requisitos del programa para beneficiar a los residentes indocumentados.
Puig destacó que, en
caso de realizarse las deportaciones, el presidente Medina será el responsable
directo de los abusos y violaciones a los derechos humanos cometidos por las
autoridades y por grupos protegidos por éstas, que aprovecharán la ocasión para
agredir y despojar de sus bienes a inmigrantes y a dominicanos hijos de
inmigrantes, como ha ocurrido en el pasado reciente en Moca, Santiago y otras
localidades del país.
Señaló que la
deportación masiva de inmigrantes, como lo sería el plan de repatriación masiva
que según el gobierno tendría lugar a partir del 17 de este mes de junio, está
prohibida explícitamente por la Convención Interamericana de Derechos Humanos
(Pacto de San José, 22 de noviembre del 1969), ratificada por el Estado
dominicano mediante la resolución número 739, del 25 de diciembre del 1977.
El artículo 22 sobre
Derecho de Circulación y de Residencia, en el acápite 9 de esta Convención,
consigna explícitamente la prohibición de la "expulsión colectiva de
extranjeros". Manifestó el presidente de la APD que la deportación masiva
presentada como repatriación de nacionales haitianos no regularizados no es un
instrumento o una práctica que deba utilizarse en contra de los inmigrantes al
finalizar un proceso de regularización.
"En este caso, la
deportación masiva sería ella misma en una grave violación a la legislación internacional
que protege los derechos humanos y de los migrantes, convirtiéndose en causa
grave para la condena del Estado que la practique por parte de la comunidad
internacional", indicó Puig.
Para la Alianza
sería muy significativo que en el mismo momento que el Presidente Medina
pretende imponer la reelección utilizando todo tipo de medios, también se
realicen deportaciones masivas de inmigrantes haitianos y de dominicanos de
ascendencia haitiana, cuando en la historia dominicana el avance del
autoritarismo ha estado asociado al antihaitianismo y a la persecución de los
ciudadanos haitianos y de los dominicanos de origen haitiano.
La entidad política
negó que el plan nacional de regularización haya sido exitoso como lo afirman
las autoridades. "Todo lo contrario. A la fecha no llegan ni a 400 personas de
las 458,233 de origen haitiano que la Primera Encuesta Nacional de Inmigrantes
(ENI) estableció que están radicadas el territorio nacional, a quienes se les
ha entregado documentación que ampare su residencia en los términos dictados
por el decreto 327-12 del Poder Ejecutivo", aclaró.
Igualmente afirmó
que han sido muy pocos los dominicanos de ascendencia haitiana a quienes se les
ha reconocido la nacionalidad dominicana y se les ha entregado la documentación
correspondiente en cumplimiento de la Ley 169-14 y del decreto del Poder
Ejecutivo 250-14 que norma la aplicación de esta ley.
Explicó que aún
cuando estas personas han recibido cédulas de identidad personal y electoral,
éstas no les sirven para realizar trámites y gestiones por no aparecer en el
sistema de la Junta Central Electoral (JCE), en franca violación a sus
derechos.
La APD planteó que
este fracaso se debe principalmente a la inexistencia de una real voluntad de
resolver el problema de la inmigración indocumentada y a la intención de
utilizar este fracaso para intentar justificar la única medida que siempre han
deseado el gobierno y sectores políticos radicales de derecha, que es la
deportación masiva de esta inmigración y de sus descendientes nacidos en el
país.
Además de insistir
en que el gobierno desista de la deportación masiva, la APD sugirió que se
aplique un conjunto de medidas como sería inscribir y dotar de residencia a
todos los inmigrantes que presenten algún documento que los identifique.
También sugirió que
a los 53 mil dominicanos y dominicanas de ascendencia haitiana que identificó
la recién finalizada auditoría de la JCE, se les entreguen de inmediato los
documentos legales correspondientes como la cédula de identidad y electoral y
actas de nacimiento.
Para aquellos
dominicanos de ascendencia haitiana que carecen de documentación, APD
recomendó que se les reconozca la nacionalidad dominicana con la presentación
del testimonio de personas reconocidas de sus respectivas comunidades de que
nacieron en el territorio nacional.
"Simultáneamente a
la aplicación de estas medidas, se deben reforzar los controles fronterizos, y
después que se concluya el proceso regulatorio, sancionar a los empleadores que
contraten a indocumentados", indicó.