Washington.- La instancia adscrita a la Organización de Estados Americanos (OEA) dijo en un comunicado que el requerimiento realizado por la Sala Uno del Tribunal de Apelaciones de Managua a la Procuraduría General de la República para formalizar el decomiso de todos los bienes inmuebles, acciones y sociedad mercantiles de las 222 personas excarceladas y expulsadas arbitrariamente en febrero pasado, viola garantías fundamentales y el debido proceso.
“La confiscación de bienes y el patrimonio constituye una acción penal arbitraria y desproporcionada que resulta contraria al artículo 21 de la Convención Americana de Derechos Humanos” de la que Nicaragua es firmante, señaló el organismo con sede en Washington.
La Comisión señala también la “política arbitraria” que siguen las autoridades migratorias nicaragüenses para impedir el ingreso al país o evitar la salida de nacionales del territorio, otra violación flagrante de los derechos fundamentales que se manifiesta –según el organismo- en la campaña de represión contra opositores.
“La CIDH, a través de su Mecanismo Especial de Seguimiento para Nicaragua (MESENI) continúa recibiendo información sobre el retiro y retención arbitraria de pasaportes o la negativa de expedición como mecanismo para impedir la salida de personas al exterior”, apunta.
Esas disposiciones del gobierno nicaragüense, especialmente a los que se les impide retornar al país, ha obligado a miles de ciudadanos considerados opositores “a un desplazamiento forzado” por lo que deben buscar regularizar su situación migratoria o buscar acceder a “mecanismos de protección internacional en otros países”, dice la CIDH.
Esta política estaría obligando "al destierro" a miles de ciudadanos de ese país centroamericano que entró en una profunda crisis política y social en 2018 y que se agudizó en 2021 con las elecciones, donde Daniel Ortega fue reelecto sin oposición.
Antes de las elecciones los candidatos opositores fueron encarcelados, lo que llevó a que la mayoría de países de la comunidad internacional desconocieran el resultado de las elecciones que dieron a Daniel Ortega y su esposa Rosario Murillo un cuarto mandato consecutivo.
La CIDH advierte también en su comunicado que “preocupa” la información sobre “nuevas detenciones arbitrarias de personas defensoras, periodistas e integrantes de la Iglesia católica”.
Reportes del organismo indican que entre abril y mayo de este año unas 140 personas han sido detenidas por participar en actividades sociales y reivindicar el espíritu de las protestas que desataron la crisis en 2018, a lo que se suman operativos policiales realizados “en forma simultánea” en diferentes regiones del país.
El gobierno de Nicaragua no ha brindado ninguna explicación sobre las políticas de control para evitar la salida o entradas al país de sus ciudadanos y bajo qué lineamentos se estaría siguiendo esta política migratoria.
Y sobre la confiscación de bienes de los ex-presos políticos desterrados del país el gobierno de Ortega aduce la medida como castigo a “golpistas” que atentan contra la soberanía del país.
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