Santo Domingo.- En el decreto 668-22, emitido el viernes y divulgado este sábado, "se instruye al ministro de Interior y Policía y al director general de la Policía Nacional proceder, en el marco del debido proceso y de conformidad con la ley, con la persecución y sometimiento a la justicia de aquellos extranjeros que participen en ocupaciones ilegales de terrenos de propiedad privada o propiedad del Estado".
Al respecto, se dispone que la Dirección General de Migración lleve a cabo la expulsión de estos extranjeros tras su procesamiento e impida "de manera definitiva a personas en estas circunstancias ingresar nuevamente a territorio nacional".
Además, se pide que el Ministerio de Relaciones Exteriores instruya a los consulados de la República Dominicana establecidos en los países de origen de los ciudadanos que violen este decreto a establecer un registro particular, a fin de que no puedan "optar jamás por ningún tipo de visado o permiso de entrada al territorio de la República Dominicana, así sea en calidad de turista o de residente".
Según el texto, lo que se busca con esta normativa es preservar la seguridad nacional y el orden público, así como proteger el derecho de propiedad.
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