Santo Domingo.-Wendy Martínez Mejía, jueza de la Cámara Penal de la provincia Santo Domingo impuso un año de prisión como medida de coerción a nueve de los implicados en el robo de 950 kilos de droga en la Dirección Central Antinarcóticos de la Policía Nacional (Dican),.
El veredicto incluye el director, el jefe de operaciones, dos fiscales adjuntos y oficiales, alistados y subalternos.
Los ocho hombres fueron enviados a cumplir la pena en la cárcel de La Victoria, mientras una raso de la Policía, fue enviada a la cárcel de Najayo Mujeres.
La medida de coerción fue dictada en contra de los fiscales Máximo Antonio Díaz Ogando y Ramón Augusto Veras Castro; el director de la Dican, coronel Carlos Fernández Valerio, y el jefe de operaciones, teniente coronel Feliz Humberto Paulino López, así como el mayor Luciano Gómez Cabrera, el primer teniente Bárbaro Torrez Beltrán, el cabo Agapito Muñoz Evangelista, la raso Raidirys García Miranda y el sargento Pedro Almánzar González.
La jueza Martínez Mejía acogió ña solicitud del ministerio público, representado por el magistrado Robert Rodríguez, quien no presentó cargos ayer en contra del mayor Carlos Amézquita Reinoso, el que tampoco fue llevado a la sala de audiencias, mientras que el caso del oficial Ruddy Japa fue dejado para el lunes a las 5:00 de la tarde.
El abogado defensor Alexander Suero, representante de Luciano Gómez Cabrera, dijo que recurrirá en apelación la decisión de la magistrada, debido a que había validado sin las pruebas suficiencientes la acusación del Ministerio Público.
La jueza Wendy Martínez luego de deliberar durante horas dio a conocer su veredicto. El Ministerio Público solicitó prisión para todos los acusados. Mientras que los abogados de los imputados pidieron la libertad de sus defendidos, alegando que la acusación del Ministerio Público carece de base probatoria que la susten
El Ministerio Público atribuye a los acusados asociación de malhechores, falsificación de documentos públicos, violación a la Ley 50-88 sobre Tráfico Nacional e Internacional de Drogas, violación de la Ley 72-02 sobre lavado de activo proveniente del narcotráfico y violación de la Ley 82-79 sobre Enriquecimiento Ilícito, entre otros tipos penales.
El caso se conoció bajo estrictas medidas de seguridad, las cuales fueron reforzadas en el Palacio de Justicia, con cordón de agentes en la parte trasera del edificio, por donde iban a ser sacados los imputados.
La audiencia, que inició a las 10:00 de la mañana, fue resecada pocos minutos después, porque uno los imputados no tenía abogado y otro no había sido llevado al tribunal.
Se reanudó próximo a las 11:00 de la mañana, cuando el ministerio público empezó a presentar sus argumentos, siendo aplazada 45 minutos después hasta las 2:00 de la tarde, para que el ministerio público entregara a la defensa de los imputados la solicitud de medida de coerción y los medios de prueba, siendo continuada a esa hora, dando la oportunidad a los abogados de los acusados para que presenten sus argumentos.
El procurador general, Francisco Domínguez Brito, advirtió ayer que las pruebas que incriminan a los involucrados en la sustracción de 950 kilos de drogas de la Dican están ahí, por lo que asegura que no hay motivos para descargar a los acusados.
"Ahí están todas las pruebas, los testimonios, todo, cómo ocurrió la operación, si alguien quiere descargar a alguien no es por falta de pruebas, será por otra razones. Ahora sí, yo advierto, si no somos duros con este tipo de situación, si no somos intolerantes con este tipo de complicidades, si no actuamos como tenemos que hacer, no vamos a romper esta cultura que muchas veces se da, de complicidad", dijo.
Domínguez Brito dijo que en el país hay que abrir una guerra dura contra las complicidades que durante décadas han surgido en algunas instituciones y que involucran a quienes deben defender los intereses del pueblo.
"El caso de la Dican es uno de los casos más serios y que más atención le prestamos.
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