Parlamento de Nicaragua instaura la prisión perpetua para "crí­menes de odio"

Managua.- La reforma constitucional fue ratificada por los legisladores del gobernante partido Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) y sus aliados, que tienen el control absoluto del Parlamento, durante una sesión especial celebrada en Ciudad Darío (norte), en el marco de una jornada en honor al 154 aniversario del natalicio del poeta Rubén Darío (1867-1916), considerado el máximo exponente del modernismo literario.

Las reformas constitucionales en Nicaragua tienen que ser aprobadas en dos legislaturas o períodos anuales para ser legales. El año pasado la ley se aprobó en primera legislatura y este año, en segunda legislatura, fue refrendada.

La pena de prisión perpetua en Nicaragua, que será revisable, será aplicada de forma excepcional para la persona condenada por delitos graves, cuando concurran circunstancias de odio, crueles, degradantes, humillantes e inhumanas, que por su impacto causen conmoción, rechazo, indignación o repugnancia en la comunidad nacional, según la enmienda. La Constitución Política fijaba en 30 años la pena máxima en Nicaragua por este mismo delito.

Ahora, la enmienda mantiene que "no se impondrá pena o penas que, aisladamente o en conjunto, duren más de 30 años", sin embargo agrega excepciones para los casos de delitos graves, si en los mismos concurren circunstancias de odio, crueles, degradantes, humillantes e inhumanas. La ley de la materia, es decir el Código Penal, que también tiene que ser reformado, determinará y regulará su aplicación.

UNA ENMIENDA DISCRECIONAL

En su defensa, los legisladores sandinistas sostuvieron que esa reforma protege el derecho a la vida de la niñez, de las mujeres, de los adultos mayores, y de las personas con discapacidad, que son los más vulnerables a las agresiones, crímenes atroces y crueles.

En el proyecto, los sandinistas justificaron la instauración de la prisión perpetua a que "en estos momentos la nación se encuentra preocupada y consternada por el incremento de crímenes crueles, inhumanos, degradantes y de odio".

Y aseguran que estos "han causado grandes impactos, conmoción, rechazo, indignación y hastío entre los nicaragüenses que claman por la aplicación de una pena excepcional para los responsables que cometen dichos crímenes, ya que son fenómenos o acciones extrañas a nuestra cultura".

La mayor debilidad que los expertos constitucionalistas han señalado sobre la reforma es que deja a discreción de las autoridades del Poder Judicial, controlado por el oficialismo, la interpretación de qué es un delito de odio. El Gobierno, a través de su vicepresidenta, Rosario Murillo, anunció en octubre pasado que orientaron "penalizar con prisión a cadena perpetua a quienes cometan estos delitos que tipificamos como crímenes de odio, crueles, aberrantes, humillantes y denigrantes que no corresponden a la cultura nicaragüense".

Grupos opositores han dicho que la instauración de la cadena perpetua, con la ley de ciberdelitos y la de agentes extranjeros, son la "nueva modalidad de represión" estatal en el marco de la grave crisis que vive el país desde abril de 2018. Según la oposición, el Ejecutivo está promoviendo leyes que serán usadas contra sus oponentes, críticos y prensa independiente, con el fin de intimidar, acallar y neutralizar la disidencia y las voces críticas de cara a las elecciones generales previstas para noviembre del próximo año.