Managua.- Asimismo, la CIDH urgió al Estado de Nicaragua en un comunicado "a liberar inmediatamente a todas las personas detenidas en el contexto de la crisis iniciada el 18 de abril de 2018" que, de acuerdo con los organismos humanitarios nicaragüenses, suman 170, incluido más de 30 que están siendo procesados desde la semana pasada.
La CIDH recordó que el 31 de enero pasado el Ministerio Público de Nicaragua ordenó la reanudación de los juicios orales a más de 30 "presos políticos" que permanecen en "El Chipote", una celda ubicada en la Dirección de Auxilio Judicial, y a otras bajo arresto domiciliar, acusadas de cometer menoscabo a la integridad nacional, lavado dinero, entre otros delitos.
CIDH ENUMERA VIOLACIONES AL PROCESO
Ante la reanudación de estos procesos, que se suspendieron "arbitrariamente por más de tres meses", el Mecanismo Especial de Seguimiento para Nicaragua (MESENI) recibió información sobre graves afectaciones al derecho penal y falta de garantías judiciales, afirmó la CIDH.
"Particularmente, dichas audiencias se están realizando en las instalaciones de El Chipote, de manera privada y sin permitir el acceso a medios de comunicación independientes, lo cual sería contrario a la propia legislación nacional", puntualizó. En algunos juicios, indicó la CIDH, "se niega el ingreso de familiares; mientras que las personas acusadas son presentadas en el juicio sin previo aviso".
Por su parte, representantes legales han denunciado hostigamiento, acoso policial, despojo de pertenencias necesarias para participar en las audiencias, así como que habrían sido objeto de cateos y revisiones desproporcionadas que derivaron en tocamientos indebidos a mujeres abogadas y familiares, advirtió. "La CIDH condena estos hechos, que constituyen violencia sexual, además afectan la dignidad e integridad personal y se utilizan para intimidar y humillar", señaló.
NICARAGUA: CLARO DESMEDRO DEL ESTADO DE DERECHO
Por otro lado, la CIDH aseguró que ha recibido información "sobre la manipulación de pruebas para inculpar a las personas procesadas, así como acusaciones basadas en testimonios de funcionarios públicos, publicaciones de redes sociales y en las actividades de liderazgo político, protesta social o de defensa de los derechos humanos".
"En todos los casos, los representantes legales han denunciado la obstaculización para acceder a los expedientes previo al juicio, tener contacto con las personas acusadas y la negativa de la autoridad judicial para dar trámite a peticiones y recursos", anotó.
Para la CIDH, según su declaración, "resulta especialmente preocupante que continúen estos procesos, mediante la aplicación de leyes que impiden el ejercicio de libertades públicas contrario a los estándares interamericanos y la consecuente imposición de penas desproporcionadas".
Además, reiteró su preocupación "por las deplorables condiciones de detención y el grave deterioro de la salud de las personas, especialmente de las personas mayores, cuya condición sería crítica".
"En Nicaragua, esta manipulación del derecho penal y la criminalización de las personas identificadas como opositoras al gobierno responde a la falta de independencia judicial y separación de poderes de un Ministerio Público y un Poder Judicial sometido a la voluntad del gobierno en un claro desmedro del Estado de Derecho y de la democracia", alertó.
En los últimos 11 días, la Justicia nicaragüense ha encontrado culpables del delito de conspiración para cometer menoscabo a la integridad nacional en perjuicio del Estado de Nicaragua y de la sociedad, a 15 dirigentes opositores o críticos de Ortega.
Entre los acusados se encuentran los siete dirigentes opositores que anunciaron sus intenciones de aspirar como candidatos a la Presidencia en los comicios pasados, en las que Ortega fue reelegido para su quinto mandato, cuarto consecutivo y segundo junto con su esposa, Rosario Murillo, como vicepresidenta, con sus principales contendientes en prisión o en el exilio.
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