El Gobierno de Nicaragua denunciará "crímenes de odio" contra sandinistas

Nicaragua.- Murillo, esposa del presidente del país, Daniel Ortega, dijo a través de medios oficiales que uno de los casos más emblemáticos es el de Bismarck Martínez, un trabajador de la Alcaldía de Managua que fue hallado muerto casi un año después de haber sido reportado como desaparecido.
"Esos son, precisamente, los crímenes de odio que hemos denunciado, los tratos crueles, humillantes, degradantes, inhumanos y destructivos que promovió y realizó el terrorismo, el golpismo, en nuestro país", puntualizó Murillo.
"Los hemos denunciado y los seguiremos denunciando, porque eso es lo que padeció el pueblo nicaragüense", continuó.
Martínez era un militante sandinista que fue reportado como desaparecido desde junio del año pasado y hallado en una fosa la semana pasada y cuya identidad fue confirmada por el Instituto de Medicina Legal.
La versión del Gobierno es que Martínez fue secuestrado, torturado y asesinado por un grupo de manifestantes opositores que bloquearon la vía en la ciudad de Jinotepe, departamento de Carazo (sur), entre junio y julio de 2018.
Nicaragua atraviesa una grave crisis que ha dejado 325 muertos desde abril de 2018, de acuerdo con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), aunque algunos grupos elevan a 593 el número de las víctimas mortales, mientras que el Ejecutivo solo reconoce 199 -que llama "terroristas", "golpistas" y "delincuentes comunes"- y denuncia un intento de golpe de Estado.
La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (Acnudh) y la CIDH han responsabilizado al Gobierno de "más de 300 muertos", así como de ejecuciones extrajudiciales, torturas y otros abusos contra los manifestantes y opositores.
Mientras, el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), tutelados por la CIDH, asegura que existen pruebas para argumentar que el Gobierno de Ortega ha incurrido en delitos de lesa humanidad durante el conflicto.
Ortega, quien lleva más de doce años en el poder de manera continua, no acepta responsabilidad en la crisis ni tampoco las acusaciones sobre graves abusos de las autoridades contra los manifestantes antigubernamentales.