El año 2014 comienza para la República Dominicana bajo el influjo de una nueva geopolítica regional y de presiones en el seno del Gobierno

Santo Domingo.- Por iniciativa de Venezuela, el próximo 7 de enero se reunirán comisiones especiales de alto nivel de Haití y de la República Dominicana para tratar las diferencias entre ambos países. Participarán en el encuentro, a titulo de observadores, representantes de la Unión Europea, del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y de la Comunidad del Caribe (CARICOM).

La reunión, que tiene como punto de partida la controversial decisión del Tribunal Constitucional de la República Dominicana que despoja de su nacionalidad a cerca de 200 mil dominicanos de ascendencia haitiana, refleja el peso de Venezuela en la geopolítica regional. Con vistas a esta reunión se están produciendo serias presiones sobre el gobierno dominicano, proviniendo la mayor parte de éstas de sectores que participan en ese mismo gobierno y que defienden de manera encarnizada el fallo judicial tildado de racista y xenófobo por sus opositores.

Venezuela es el principal proveedor de ayuda exterior tanto de Haití como de la República Dominicana a través de los mecanismos de Petrocaribe y ha puesto todo su empeño en sentar los dos países en la mesa de negociaciones.  Los sectores más conservadores del gobierno dominicano instan a este último a rechazar las negociaciones patrocinadas por Venezuela, país al que denuncian como comprometido con la parte haitiana. Reclaman que, en caso de participar, el gobierno designe negociadores rígidos que defiendan con firmeza el fallo judicial que niega la nacionalidad dominicana a los descendientes de haitianos. No obstante esto el gobierno dominicano  ya designó la comision negociadora para la reunion del dia 7 de enero.

El tono empleado por los partidarios del fallo se caracteriza por su dureza. Durante los últimos meses ha sido común leer y escuchar en los medios de comunicación dominicanos llamados a dar muerte a los opositores a la sentencia, por considerarlos "traidores a la patria". El propio gobierno no está exento de las amenazas de este sector político, precisando que el presidente Danilo Medina perderá el apoyo de la ciudadanía del que ha gozado hasta ahora si flaquea en su apoyo a la sentencia.

El sector conservador ha logrado un apoyo político importante con el respaldo del ex presidente Leonel Fernández a la defensa de la sentencia.

Desde el segundo trimestre de 2013 habían aflorado contradicciones entre Haití y República Dominicana a propósito del comercio entre los dos países. Las cosas se agravaron a finales de septiembre cuando el Tribunal Constitucional dominicano decidió la aplicación retroactiva de una disposición de la nueva constitución según la cual los hijos de los extranjeros sin permiso de residencia legal en el país no adquieren la nacionalidad dominicana.

Este fallo judicial dividió al país entre partidarios y opositores a la sentencia. Sus principales defensores son los sectores políticos más conservadores que ven en la inmigración haitiana una amenaza a la integridad e identidad del país. Sus opositores ven en la decisión una violación a la Constitución y a los convenios internacionales suscritos por la República Dominicana en materia de derechos humanos.

Las repercusiones de la decisión judicial han sido amplias fuera de las fronteras dominicanas, por lo que habrá que esperar los resultados de la reunión del martes 7.