Santo Domingo.- “La Ley no se ha suspendido y esta Cámara, y lo he hablado con la Comisión de Justicia y con los diputados, rechazará cualquier intento de suspender su aplicación y sí estaremos abiertos a discutir los aspectos de ésta y de cualquier otra ley que sea del interés nacional”, indicó el legislador.
De igual modo, Martínez manifestó que lo correcto sería que la Ley se ponga en ejecución y en el transcurso de un año, ver en donde quizás hay que hacerle algún arreglo, cambio o modificación. “Lo que no estamos de acuerdo es con la posposición de su entrada en vigencia, ni que a esta Ley se le agregue un párrafo para que no se aplique. Eso es relajar con el trabajo de la Comisión de Justicia y la Cámara de Diputados”, afirmó. Martínez expresó que la Comisión de Justicia escuchó a todos los sectores y que incluso se hicieron vistas públicas para recibir propuestas y sugerencias a la iniciativa. “Siempre ha sido un deber de la Cámara de Diputados escuchar a todos los sectores como lo hemos hecho con esa Ley y si hay algún aspecto que hay que rediscutir estoy de acuerdo en que se rediscuta”, agregó.
El presidente del órgano congresual ofreció estas declaraciones durante la sesión de hoy, luego de denunciar que hay una campaña de descrédito contra la Cámara de Diputados, con acusaciones falaces de que esta Ley se aprobó de manera sigilosa, lo cual negó rotundamente al especificar que se cumplieron todos los procedimientos de rigor.
En ese sentido, señaló que para su estudio se hicieron más de treinta reuniones, así como numerosas vistas públicas y encuentros con diferentes sectores que incluyeron invitaciones al presidente de la Suprema Corte de Justicia, así como a abogados, notarios, profesores, estudiantes e instituciones del área judicial. También defendió el trabajo realizado con esta iniciativa, el cual calificó de serio y responsable, destacando que cuando los legisladores votaron por ese proyecto, lo hicieron por el interés nacional no de ningún sector en específico, ni siquiera de los notarios.
Fue enfático al criticar la postura de los bancos comerciales, a los cuales dijo que se debe investigar la razón por la que están atacando esta ley, así como a los sectores que son de la sociedad civil y están defendiendo los intereses de los bancos. Señaló que muchas de éstas instituciones financieras les cobran trámites de gestión y gastos de cierre a los ciudadanos sin que estos beneficios pasen realmente al notario, situación que puede mejorar con la actual Ley, ya que le da potestad a la Dirección General de Impuestos Internos para revisar las notarizaciones.
Criticó la legislación previa de notariado, indicando que “por falta de regulación y aplicación de las normas existentes en el país, hemos sido testigos de cómo se realizan este tipo de procedimientos, en los que los notarios no verifican la presencia de los firmantes colaborando con la proliferación de mafias que viven orquestando fraudes”. En ese mismo orden, hizo un llamado al presidente de la Suprema Corte de Justicia, a quien calificó como un jurista de mucho respeto y honorabilidad del país, a que se efectúe la aplicación inmediata de la ley.
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