San Pedro de Macorís.-Integrantes del Movimiento Reconocido
afectados por la sentencia 168-13, al conmemorarse el Día Internacional del
Trabajador y la Trabajadora, realizaron una protesta frente a las oficinas del
Ministerio de Trabajo en esta provincia, para denunciar que no tienen acceso a
un trabajo digno al no contar con documentos de identidad.
Los manifestantes expresaron que su derecho
al trabajo se ve vulnerado por la sentencia del Tribunal Constitucional, que le
impide tener derecho a un seguro médico o garantías de riesgo laboral, al
tiempo que recordaron que contar con un trabajo debe ser garantizado por el
Estado.
"Estamos en las peores situaciones de
exclusión, sin las mínimas posibilidades de acceder a empleos formales a pesar
de tener nuestros registros de nacimiento conforme a lo que establecen las
leyes del país. Desde 2007, no podemos gozar de los derechos plenos que la
Constitución actual en su Artículo 18 numeral 2, nos reconoce", dice Rosa Iris
Diendomi, vocera de Reconoci.do.
En el Día Internacional del Trabajador y
Trabajadora hicieron un llamado al Presidente de la República y a la ministra
de trabajo, para que velen por sus derechos, ya que la sentencia del Tribunal
Constitucional constituye un elemento de mayor vulneración, permite el aumento
y el número de personas desempleadas en el país por no tener acceso a su
documentación.
En este sentido, Diendomi destacó que esta
situación es altamente preocupante porque propicia los niveles de pobreza en el
país y mantiene políticas de vulneración de los derechos de una parte
importante de la población, por el origen de los padres. Entiende que urge que
el Presidente someta el proyecto de ley de restitución plena de derechos para
los desnacionalizados y desnacionalizadas por el TC.
Los y las convocantes, además, advirtieron
que se mantendrán en pie de lucha hasta que sean restituidos sus derechos, ya
que constituye una violación a los derechos humanos dejar en condición de apátrida
a miles de personas que nacieron y fueron registradas conforme lo establecían
las leyes antes del 26 de enero del 2010.