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La comisión especial de la Cámara de Diputados, que estudia el veto del Poder Ejecutivo a la ley de residuos sólidos, informó este jueves de que las observaciones fueron recibidas fuera del plazo que ordena la Constitución.

Philip Morris Dominicana, decidida a continuar reduciendo su huella ambiental y el impacto de sus productos al final de su ciclo de uso, y la fundación Mujeres en Desarrollo Dominicana, Inc. (MUDE) pusieron en marcha el proyecto “Unidos para promover la gestión integral de residuos sólidos y basura en el sector de Villa Francisca de Santo Domingo”.

Luego de realizar una amplia jornada de limpieza en la recolección de desechos, el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales lanzó este sábado el “Proyecto de Prevención, Manejo de Residuos Sólidos y Remozamiento en la Playa de Boca Chica” para asegurar el cumplimiento de las normas ambientales vigentes y prevenir la contaminación por residuos sólidos en la costa y áreas adyacentes.

Un comunicado de prensa de la institución ambiental explicó que las actividades se desarrollaron en el hotel El Embajador y se realizó una visita de campo al vertedero de San Cristóbal. El evento tuvo el financiamiento de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, USAID.

Con este acuerdo las organizaciones se comprometen a establecer relaciones de cooperación, complementación y asistencia recíproca.

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Al mismo tiempo, Domingo Contreras consideró necesario que en el Congreso Nacional sea aprobada la Ley de Residuos Sólidos, cuyo proyecto curso en el Congreso Nacional.

La Cámara de Diputados aprobó ayer -en primera lectura y con modificaciones- el proyecto de Ley General de Gestión Integral y Coprosamiento de Residuos de la República Dominicana. En otra decisión, la cámara baja escogió a los diputados que conformarán la Comisión Bicameral que estudia el proyecto de Ley de Agua.

El proyecto, que data del 2007, durará dos años en ejecución, con un presupuesto de US$700 mil con cargo a los recursos del Fondo de Cooperación Regional Japonés, más una contrapartida local de US$80 mil.

"Es necesario el fortalecimiento de la capacidad técnica, gestión financiera y administrativa de las instituciones municipales para que sirvan como entes de control de calidad y ambiental de las instalaciones de manejo de residuos sólidos", indicó la organización.