Cuando los gobiernos locales elaboran sus presupuestos, no solo distribuyen recursos; también establecen prioridades políticas que terminan influyendo directamente en la calidad ambiental de las ciudades.
Las memorias institucionales publicadas por el Ayuntamiento del Distrito Nacional (ADN) correspondientes a los años 2019 y 2020 muestran que una parte importante de los recursos vinculados a la gestión ambiental se concentró en actividades de barrido, limpieza general y contratación de servicios para la recolección de residuos. En contraste, las iniciativas relacionadas con educación ambiental, reciclaje comunitario o sostenibilidad a largo plazo ocuparon un espacio mucho más reducido dentro de la ejecución presupuestaria. Esta realidad refleja una tendencia frecuente en numerosos gobiernos locales: se prioriza la respuesta inmediata a los problemas visibles de los residuos, mientras las acciones preventivas reciben menos atención y recursos.
La situación resulta aún más evidente al contrastar estas prácticas con las recomendaciones formuladas por la Agencia Japonesa de Cooperación Internacional (JICA), organismo de cooperación del gobierno japonés que en 2007 elaboró el Plan Maestro para el Manejo Integral de Residuos Sólidos en el Gran Santo Domingo. Dicho documento planteó la necesidad de desarrollar una gestión moderna basada en la separación de residuos en la fuente, el fortalecimiento del reciclaje, la construcción de infraestructuras especializadas y la reducción progresiva de la dependencia de los vertederos. Casi dos décadas después, muchas de estas recomendaciones continúan siendo una referencia obligada para analizar los desafíos de la gestión de residuos en la República Dominicana.
La distancia entre la planificación técnica y la asignación efectiva de recursos tiene consecuencias visibles. Cuando los presupuestos ambientales se concentran principalmente en la recolección y disposición final de residuos, los municipios permanecen atrapados en una lógica reactiva. Se invierte en recoger la basura una vez que se ha generado, pero se destinan pocos recursos a evitar que llegue a convertirse en un problema. Como resultado, los sistemas de gestión terminan dependiendo excesivamente de los lugares de disposición final, mientras el reciclaje, el compostaje y los modelos de economía circular avanzan con lentitud.
Esta problemática no solo ha sido señalada por organismos públicos. El estudio De lo establecido a lo percibido: residuos sólidos en Santo Domingo y el Distrito Nacional, publicado por la organización Ciudad Alternativa en 2019, advierte sobre la brecha que puede existir entre las políticas anunciadas por las autoridades y la percepción que tienen los ciudadanos sobre la limpieza y la gestión de los residuos. El informe destaca que la valoración de la población no depende únicamente de la cantidad de recursos invertidos, sino también de la capacidad de las instituciones para producir resultados tangibles y sostenibles.
Otro elemento frecuentemente subestimado es el financiamiento de la educación ambiental. Aunque existe un amplio consenso entre especialistas, organismos internacionales y responsables de políticas públicas sobre la importancia de formar ciudadanos comprometidos con la reducción, reutilización y reciclaje de residuos, estos programas suelen ocupar un lugar secundario dentro de los presupuestos municipales. Lo mismo ocurre con las iniciativas destinadas a fortalecer el reciclaje comunitario, apoyar a los recicladores de base o promover cambios culturales que reduzcan la generación de desechos.
Diversos análisis sobre gestión urbana sostenible coinciden en que las ciudades más exitosas no son necesariamente aquellas que destinan más recursos a la limpieza, sino las que logran equilibrar la inversión entre la atención inmediata y la prevención. En ese sentido, informes especializados como los elaborados por Transparencia DO Sostenible han insistido en la necesidad de fortalecer las inversiones en educación ambiental, reciclaje e infraestructura ecológica como complemento indispensable de los servicios tradicionales de recolección.
La discusión sobre los residuos sólidos suele centrarse en los aspectos técnicos, operativos o culturales. Sin embargo, detrás de cada decisión ambiental existe una decisión financiera. La calidad de los espacios públicos, la eficiencia de los sistemas de reciclaje, la reducción de los vertederos y la construcción de ciudades más sostenibles dependen, en gran medida, de cómo se distribuyen los recursos públicos. Por ello, comprender la relación entre presupuesto y ecología es fundamental para evaluar el verdadero compromiso ambiental de cualquier gobierno local. Los presupuestos no son simples documentos contables; son, en esencia, una declaración de prioridades. Y cuando la sostenibilidad ocupa un lugar marginal en ellos, los resultados terminan reflejándose en el territorio. H.A.A.
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