La República Dominicana eliminará gradualmente las fundas plásticas de un solo uso en tiendas, según la Ley 98-25. Las empresas tienen 12 meses para adaptarse y promover alternativas reutilizables. La ley incluye plazos para la gestión de residuos y sanciones por incumplimiento, generando preocupación en el sector empresarial.
Santo Domingo.-
La República Dominicana inició la cuenta regresiva para eliminar la entrega gratuita de fundas plásticas de un solo uso en tiendas y supermercados, como parte de la Ley 98-25 sobre Gestión Integral y Coprocesamiento de Residuos Sólidos, promulgada el 15 de diciembre por el presidente Luis Abinader.
La normativa modifica la Ley 225-20 y establece en su artículo 27 un plazo de 12 meses para que los establecimientos comerciales prohíban totalmente la entrega sin costo de estas bolsas. De mantenerse el calendario, la gratuidad finalizará el 15 de diciembre de 2026, en plena temporada navideña, cuando aumenta la afluencia a los centros comerciales.
Durante este período, las empresas deberán desarrollar campañas de orientación para promover el uso de bolsas reutilizables o reciclables y reducir la dependencia de plásticos de un solo uso. El objetivo es disminuir la acumulación de desechos, mejorar la limpieza urbana y abrir espacio a nuevas oportunidades económicas vinculadas al reciclaje y la gestión ambiental.
Plazos previos y ajustes legislativos
Antes de esta modificación, la prohibición debía entrar en vigor en octubre de 2025, según la Ley 225-20. Sin embargo, el Congreso revisó la pieza desde julio pasado, lo que llevó a extender los plazos y actualizar los lineamientos.
La ley también ordena que, dentro de los 60 días posteriores a su promulgación, el Ministerio de Medio Ambiente presente la versión digital del Plan Nacional de Gestión Integral de los Residuos (Plangir). Además, alcaldías y juntas municipales tendrán 12 meses para someter sus planes locales de manejo de residuos.
Desde la medianoche del 1 de enero quedó prohibida la importación de pajillas, cubiertos plásticos y productos de foam que no cuenten con certificación de biodegradabilidad. También se estableció una asignación mensual de 20 pesos por habitante para que los gobiernos locales gestionen los residuos, con un mínimo garantizado de 100,000 pesos para demarcaciones pequeñas.
El Poder Ejecutivo deberá emitir un reglamento en un plazo de 60 días para definir los requisitos que permitirán a los municipios acceder a estos fondos, incluyendo la aprobación del Plan Municipal de Gestión Integral de Residuos (Pmgir).
Plazos ampliados y sanciones
La ley fija otros tiempos clave:
- 24 meses para que los productores presenten alternativas biodegradables a platos y bandejas de foam.
- 36 meses para que alcaldías y juntas distritales implementen programas de separación y recolección de residuos.
- 48 meses para cerrar todos los vertederos a cielo abierto del país.
Las violaciones pueden conllevar multas de hasta tres mil salarios mínimos o la inhabilitación temporal de actividades comerciales.
Reacciones del sector empresarial
Tras la promulgación, algunos gremios empresariales expresaron preocupación por el impacto económico de las nuevas disposiciones y solicitaron una normativa más consensuada.lc
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