www.diariohispaniola.com

Política

Las reformas parciales constitucionales en Nicaragua requieren ser aprobadas en dos legislaturas y con al menos el 60 % de los 92 diputados que integran la Asamblea Nacional, es decir con 56 votos.

10/11/2013@00:49:54
La propuesta, que cambia 39 artículos y deroga otros ocho de la Carta Magna, presentada hace una semana por el oficialista Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN), eliminaría la prohibición de reelección del presidente y daría más poderes al gobernante y a los militares.

"Hay preocupación en el equipo médico neurológico y cardiológico sobre cómo la presidenta comienza a retomar la actividad", apuntaba el analista Nelson Castro.

La presidenta se someterá a un estudio Holter para analizar su estado cardiológico este fin de semana y de acuerdo al resultado, el próximo lunes "se reevaluará médicamente para determinar el ritmo de regreso a las tareas habituales", añadió el parte médico leído por el portavoz gubernamental que, como es habitual, no admitió preguntas en su breve comparecencia.

El Partido de la Liberación Dominicana (PLD) tendrá que escoger un mínimo de 114 miembros para el Comité Central, debido a la ampliación de 100 nuevos dirigentes para ese organismo, el fallecimiento de siete y la salida de otros siete miembros de esa organización.

La Casa del Rey ha anunciado hoy que además don Juan Carlos recibirá mañana en su residencia oficial a los representantes de las víctimas del terrorismo.

"La segunda vuelta va a ser entre las dos hijas de generales", dijo en una rueda de prensa Cristián Lehuede, gerente de la empresa encuestadora Ipsos.

La encuesta se realizó vía telefónica en las 15 regiones del país del 8 al 18 de octubre, en una muestra de 1.400 personas, hombres y mujeres mayores de 18 años, con un nivel de confianza del 95 % y error muestral del 2,6 %.

China celebra esta semana el 64 aniversario de la fundación de la República Popular con el compromiso de los líderes de la potencia asiática de impulsar las reformas para lograr un crecimiento "estable" y en plena campaña anticorrupción.

Juliana Deguis, una mujer nacida en República Dominicana y descendiente de haitianos a la que el Tribunal Constitucional negó la nacionalidad denunciará su caso en la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH), dijo ayer a Efe su abogado defensor, que calificó el fallo de "aberrante". Según la oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos de la ONU, decenas de miles de personas, que abarcan tres generaciones, podrían convertirse en apátridas, sin acceso a servicios básicos para los que se requiere un documento nacional de identidad.

"Los inspectores del profesor (Ake) Sellstrom han puesto fin a su trabajo en Siria después de seis días de investigación y ahora han entrado en la última fase en la que completarán su informe final", afirmó hoy ante la prensa el portavoz de la ONU, Martin Nesirky. El portavoz confirmó que la misión de expertos "no visitó" sobre el terreno la localidad de Jan Al Asad, en la provincia de Alepo, donde el Gobierno de Bachar al Asad denunció un ataque químico de los rebeldes en marzo pasado.

La sentencia inapelable del TC fue emitida a raíz de un recurso de revisión de amparo interpuesto por Juliana Deguis Pierre, de 29 años, contra la Junta Central Electoral (JCE) por una sentencia de primera instancia que le negó la cédula de identidad y electoral.

El Gobierno de la República Dominicana anunció el pasado 23 de octubre que en dos meses iniciará un plan de regularización de extranjeros, acogiendo de esta manera una sentencia del Tribunal Constitucional (TC) que así lo dispone y, además, niega la nacionalidad a las personas nacidas en el país de padres sin documentos y que afecta especialmente a las de origen haitiano.

En la lista de las 72 personas más poderosas del mundo solo hay cuatro latinoamericanos (tres de ellos mexicanos) y ningún español.

Merkel ha enviado a Washington al coordinador en Cancillería de los servicios secretos, Günter Heiß, y a su consejero de política exterior, Christopher Heusgen.

Los participantes en este encuentro centran sus debates en cinco ejes: la identidad cultural, la gobernabilidad y el territorio, la participación y la consulta previa, la mujer indígena y el pluralismo jurídico.

Los representantes de unos 80 pueblos indígenas latinoamericanos unieron ayer sus voces en la ciudad colombiana de Cartagena de Indias para reclamar una participación "total" y no "a medias" en el diseño y ejecución de políticas públicas. Esa fue la exigencia de los participantes en la apertura del Quinto Encuentro Latinoamericano de Gobiernos Locales en Territorios Indígenas "Yetara Uai", que significa en la lengua de los huitotos "palabra de consejo", y que congrega a políticos locales y líderes indígenas de 14 países latinoamericanos.

Altos representantes de 16 países de América (incluyendo República Dominicana) acordaron ayer en Panamá, en el marco de la Iniciativa Caminos a la Prosperidad, continuar impulsando el desarrollo de las Pymes, facilitar el comercio y la competitividad, y la cooperación medioambiental, todo con el fin de apuntalar el desarrollo sostenible en la región.

El fallo del TC intentaba determinar si la Junta Central Electoral vulneró los derechos constitucionales al negarle la cédula de identidad a la ciudadana Juliana Deguis, descendiente de haitianos. Varias de las ONGs que adversan la decisión del Tribunal Constitucional consideran "política" la decisión, detrás de la cual hay grupos conservadores de gran influencia en el Estado dominicano, consideran.

Recientemente, el diario To Vima entrevistó a un supuesto militante de Amanecer Dorado que relató el entrenamiento "militar" que llevan a cabo los miembros de la formación neonazi.

Hoy se introdujo en el Parlamento -como enmienda a una ley que ya se está debatiendo, para agilizar su tramitación- una propuesta del Ministerio del Interior que tiene como objetivo congelar la financiación a los partidos políticos cuyos dirigentes sean imputados por delitos graves. Según explicó una fuente ministerial a Efe, de aprobarse esta enmienda, la financiación pública de un partido será suspendida si su líder o el 10 % de sus diputados o una parte importante de la cúpula del partido son imputados por delitos para los cuales estén previstas penas de más de 10 años de cárcel.