felix bautista

El Senado aprobó este miércoles el proyecto de ley que regula la iniciativa Legislativa Popular, que le da participación a la población para presentar iniciativas legislativas al Congreso Nacional.

Organizaciones comunitarias y sociales de la parte norte de Santo Domingo anunciaron que el próximo domingo realizará un "juicio popular" en contra del senador por San Juan de la Maguana, Félix Bautista, favorecido por la Suprema Corte de Justicia (SCJ) con un 'no ha lugar" en un juicio por supuesto lavado de activos y actos de corrupción.

Decenas de personas se dieron cita ayer en una protesta frente al edificio de la Suprema Corte de Justicia (SCJ), en contra de la sentencia de 620 páginas a la exposición de motivos y el fallo de impunidad dictada por el juez Alejandro Moscoso Segarra el pasado 27 de marzo, en favor del senador Félix Bautista y a otros 6 imputados en el caso de lavado de activos.

Según la Dirección ejecutiva del partido que lidera Max Puig,  "el  vergonzoso fallo que exime de culpas al senador Bautista y sus asociados obliga a la sociedad dominicana a redoblar sus esfuerzos para erradicar la corrupción mediante su castigo ejemplar, objetivo que corre a la par con el establecimiento de un verdadero régimen democrático, hoy ausente de nuestro país secuestrado por un grupo de aprovechados que solo piensa en su enriquecimiento personal por cualquier medio a costa del sufrimiento de la mayoría de los dominicanos y dominicanas".

El Juez Alejandro Moscoso Segarra emitió este viernes un "no ha lugar" en el caso contra el senador Félix Bautista. Tras la decisión del Magistrado de la Instrucción Especial de la Suprema Corte de Justicia (SCJ) rechazó la acusación de corrupción en contra del legislador y exdirector de la Oficina de Supervisión de Obras del Estado.

Hoy será el día en que el juez de la Instrucción Especial de la Suprema Corte de Justicia, Alejandro Moscoso Segarra, dirá si el caso del Senador Felix Bautista y otras seis personas acusadas de corrupción y lavado de activos se va a juicio de fondo.

Bautista explicó que la Inmobiliaria Rofi, una de sus empresas, se capitalizó con varios préstamos de diversas instituciones bancarias.

El procurador general de la República, Francisco Domínguez Brito, subió al estrado durante las conclusiones finales del Ministerio Público, en el caso de la acusación contra los exfuncionarios de la Oficina de Ingenieros Supervisora de Obras del Estado (OISOE), en donde fijó su posición en torno a la representación de toda la sociedad dominicana en la lucha contra la corrupción.

La empresa Sparkles Management Services, perteneciente a un grupo de inversionistas austríacos dedicados al sector turismo, según se definen, alega que son los accionarios absolutos de la empresa SECURE, que a su vez ostenta la propiedad de la aeronave marca Gulfstream, modelo G-1159, matrícula N522HS.

En su intervención, el ex gobernante también destacó las cualidades de Emilio Rivas y el diputado Cristian Paredes, máximos dirigentes de MODA. Dijo que con el ingreso de esa organización, el Bloque Progresista se fortalece significativamente, lo que lo convierte en una coalición imbatible de cara a las elecciones venideras.

En la última vista, la defensa del senador peledeísta concluyó sus argumentos probatorios, solicitando declarar auto de no ha lugar a favor de su defendido.

En las conclusiones, de unos 13 puntos, el abogado pidió al juez declarar auto de no ha lugar la acción penal, por considerar que fue mal iniciada y mal perseguida. Alegó que el Ministerio Público no hizo una imputación de hechos precisos, sino simples especulaciones con vicios procesales, y citó una supuesta desconexión de los hechos de pruebas con el tipo penal que le atribuyen.

Laura Guerrero Pelletier expresa que es "evidente que sus pruebas no desvirtúan las del Ministerio Público, las cuales todas están certificadas por los organismos correspondientes, tales como las presentadas en los casos de propiedades, registro de títulos, mientras que la defensa presenta supuestos contratos de ventas bajo firmas privadas".

Asegura que defensores del imputado sustentan sus alegatos basados en una ley que ha sido derogada, lo que a su juicio es un desacierto legal.

Las actuaciones del Ministerio Público en el proceso judicial que lleva a cabo contra el senador por supuesta corrupción aviva estos días el debate sobre la verdadera voluntad de las autoridades locales de perseguir este flagelo, una asignatura pendiente en esta nación.