La Dirección General de Migración de Santo Domingo reportó la detención de 1,619 haitianos indocumentados y la repatriación de 1,091. Las operaciones se realizaron en varias provincias, siguiendo protocolos que respetan los derechos humanos y las leyes nacionales e internacionales. Las deportaciones se llevaron a cabo en puntos fronterizos específicos.
El 28 de abril, 542 haitianos indocumentados fueron deportados desde República Dominicana a Haití, incluyendo mujeres embarazadas y niños. La vigilancia en el paso fronterizo de Elías Piña se ha intensificado, con un operativo que coincide con la suspensión del mercado binacional. Desde octubre, más de 180,000 haitianos han sido expulsados.
El apoyo a las políticas migratorias de Trump ha disminuido, con un 53% de desaprobación según una encuesta. La controversia por el envío de migrantes a El Salvador, incluyendo a residentes permanentes, ha generado indignación. El 51% rechaza la política de deportaciones sin audiencias judiciales.
El presidente Luis Abinader, respondió a Amnistía Internacional sugiriendo que se enfoque en la situación de derechos humanos en Haití. Defendió las deportaciones de haitianos indocumentados y anunció la construcción de más muros fronterizos, destacando la reducción del crimen en la zona.
Los mandatarios presentes en la IX Cumbre de Jefes de Estado y de Gobierno de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac) rechazaron con dureza las deportaciones de migrantes desde Estados Unidos así como su encarcelamiento en países como El Salvador.
El pánico y la incertidumbre se reflejan en las miradas de los pocos transeúntes que se atreven a salir de sus casas en los barrios de San Juan epicentro de la diáspora dominicana y blanco de las redadas ordenadas por el presidente estadounidense, Donald Trump.
La Dirección General de Migración (DGM) informó que deportó a sus respectivos países a 31,213 extranjeros de ocho nacionalidades, especialmente de Haití, detenidos sin la documentación requerida en 266 operativos ejecutados en enero.
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República Dominicana continuará con su política de deportación de haitianos indocumentados, criticada por las Naciones Unidas y Amnistía Internacional, y consideró que el país enfrenta “retos sin precedentes” debido a que en Haití se produce “una situación sin precedentes”.
El presidente Luis Abinader anunció que el desalojo en Mata Mosquito, La Altagracia, se realizó a solicitud de los propietarios de terrenos. El barrio, habitado por haitianos y dominicanos, fue considerado un foco de inmigración irregular. Se han llevado a cabo deportaciones masivas de haitianos indocumentados desde octubre.
Unos 380 haitianos indocumentados regresarán a Haití voluntariamente tras ser desalojados de Mata Mosquito, una comunidad cercana a Bávaro. Las autoridades dominicanas realizaron el desalojo sin orden judicial, generando críticas por su arbitrariedad. El Gobierno ha intensificado las deportaciones de haitianos indocumentados desde octubre.
CRISIS MIGRATORIA REPÚBLICA DOMINICANA
Amnistía Internacional instó al Gobierno dominicano a cesar las expulsiones colectivas de haitianos y derogar un protocolo que condiciona la atención médica a la deportación. La medida, que afecta a migrantes indocumentados, viola derechos humanos y el acceso universal a la salud, poniendo en riesgo vidas.
La Ministra de Interior y Policía, Faride Raful, reveló que la actual gestión ha deportado a 187,983 migrantes irregulares desde octubre de 2024, incluyendo 93,357 solo en lo que va de año, marcando un "récord histórico" en la política migratoria dominicana.
Entre las medidas propuestas aplicables se incluyen: deportaciones masivas, control total de la frontera, eliminación del turismo de parturientas haitianas en hospitales públicos, y la implementación de un sistema de registro biométrico para trabajadores temporales en sectores específicos de la economía.
El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) de EE.UU. usará la base militar Buckley en Colorado como un centro para detener y procesar a inmigrantes, como parte de la política de ‘deportaciones masivas’ de la Administración del presidente Donald Trump.
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