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Tribunal varía medidas de coerción a cinco de los imputados en la operación Gavilán.
Tribunal varía medidas de coerción a cinco de los imputados en la operación Gavilán. (Foto: Fuente externa)

Tribunal varía medidas de coerción a cinco de los imputados en la operación Gavilán

miércoles 01 de mayo de 2024, 14:05h
El Séptimo Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional flexibilizó las medidas de coerción, consistente en prisión preventiva, que pesaban sobre cinco de los imputados en el caso de la operación Gavilán.

Santo Domingo.- Mártires Reyes, Alfredo Mirambeaux, Rubén Darío Morbán, Alfredo Astacio Polanco y Domingo Julio Santana guardan prisión preventiva desde el 7 de agosto del año 2023.

El juez Deiby Timoteo Peguero Jiménez les impuso una garantía económica de un millón de pesos mediante una empresa aseguradora, impedimento de salida sin previa autorización judicial y prisión domiciliaria, al valorar que no presentan peligro de fuga, ni potestad para obstaculizar lo que resta de la investigación.

Asimismo, el magistrado acogió este martes la solicitud del Ministerio Público y le otorgó un plazo de dos meses para culminar las investigaciones y depositar la acusación formal contra los imputados en el caso.

Peguero Jiménez señaló que dicha solicitud fue recibida en el tribunal dentro del tiempo hábil de ocho meses, conforme a lo establecido en la norma por tratarse de un caso complejo.

Con la operación Gavilán, el Ministerio Público desmanteló una red criminal, a nivel nacional, que borró y alteró, a cambio del pago de sobornos, registros de antecedentes penales existente en la base de datos de la Procuraduría General de la República, a cerca de 17,000 personas, afirma el Ministerio Público.

En el expediente, el Ministerio Público establece que, a través de las ejecuciones realizadas por esta red criminal, fueron beneficiados sicarios, narcotraficantes, violadores sexuales, imputados de violencia de género y por adulteración de bebidas alcohólicas, así como por secuestro, llegando a eliminar, inclusive, los registros de antecedentes a personas recluidas, cumpliendo condenas de hasta de 30 años de prisión.

De acuerdo al órgano acusador, los imputados adulteraron registros penales e integraron a familiares, amigos y allegados para los movimientos económicos. Además, adquirieron bienes y servicios con el dinero obtenido producto de las actividades ilícitas.

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