La Justicia ratificó este miércoles la prisión preventiva impuesta como medida de coerción a Domingo Julio Santana Sánchez, imputado de formar parte de la red que borró y alteró los antecedentes penales de cerca de 17,000 personas y que fue desmantelada en la operación Gavilán.
Santo Domingo.- Según un comunicado de la Procuraduría General de la República (PGR), el procurador fiscal Andrés Mena, de la Dirección General de Persecución del Ministerio Público, dijo que esta decisión se adoptó al no haber habido cambios respecto a los presupuestos presentados anteriormente de peligro de fuga y posibilidad de verse afectada la investigación.
Precisó que Domingo Julio Santana está imputado porque como empleado de la Fiscalía del Distrito Nacional, como mensajero, formó parte de la estructura criminal con labores de captación.
"En los próximos días, tal vez la próxima semana, depositaremos la acusación contra los 12 imputados en esta red criminal", declaró Mena a los medios a la salida del Séptimo Juzgado de Instrucción del Distrito Nacional donde tuvo lugar la revisión obligatoria de la medida de coerción.
En el marco de la operación Gavilán, en agosto pasado, el Ministerio Público presentó cargos preliminares en contra de una red de fiscales, empleados administrativos y policías que se dedicó durante años a eliminar antecedentes penales a cambio de sobornos.
En lo que respecta a la medida de coerción ratificada hoy, Domingo Julio Santana Sánchez cumple 18 meses de prisión preventiva en el Centro de Corrección y Rehabilitación Najayo XVII, en la provincia de San Cristóbal, por formar parte de la desmantelada red que borró y alteró registros de antecedentes penales de 16,958 personas.
En agosto, el proceso fue declarado de tramitación compleja y, dentro del mismo, se impuso prisión preventiva durante 18 meses, además de a Santana, a Mártires Rosario Reyes, Alfredo Mirambeaux Villalona, Luis Alfredo Astacio Polanco y Rubén Darío Morbán Santana, medida de coerción ratificada en todos los casos.
También están imputados Pilar Irenes Medina Trinidad y Vicente Ferrer Monegro, contra quienes se dictó como medidas de coerción arresto domiciliario e impedimento de salida del país.
Asimismo, Laudelina Esther Reyes, Yokaira Elizabeth Carmona, Ashley Darleni Morbán Reyes, Dilcia Argentina Núñez Santos y Alexander Romanqui Dotel recibieron diferentes medidas de coerción por cooperar con la investigación del Ministerio Público, entre ellas impedimento de salida del país, garantía económica y presentación periódica.
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