Siete de los doce imputados en el caso del borrado y alteración de antecedentes penales a cambio de sobornos han reconocido los hechos, según el Ministerio Público, que pide prisión preventiva para cinco de los supuestos miembros de la red y arresto domiciliario para el resto.
Santo Domingo.- El juez Rigoberto Sena dictará su decisión sobre las medidas de coerción contra los presuntos miembros de la organización desmantelada la pasada semana en la operación Gavilán, un proceso que la Fiscalía quiere que sea declarado de tramitación compleja, según un comunicado de la Procuraduría General de la República (PGR).
Para los cinco principales cabecillas de la red el Ministerio Público solicita prisión preventiva, mientras que para los siete que admitieron los hechos y que colaborarán con la investigación de la Fiscalía pide arresto domiciliario, impedimento de salida del país y presentación periódica.
"Se está restableciendo ya la base de datos de la Procuraduría General de la República, se tomaron las medidas previamente, antes incluso del operativo que dio origen a esta medida de coerción, y con relación a los beneficiados también", afirmó el martes a los periodistas la fiscal Sourelly Jáquez, quien aseguró que será investigado todo el que esté implicado en esos hechos, "ya sea fiscal, ya sea empleado, ya sea persona beneficiada con retiro de fichas".
Indicó que, posteriormente, las personas a quienes se borraron las fichas serán también sometidas por haber pagado los sobornos.
Dentro de la operación Gavilán, el Ministerio Público investiga asimismo al menos a siete fiscales contra los que procederá a solicitar la designación de un juez especial, conforme al procedimiento establecido en el marco jurídico para la persecución penal de servidores del sistema de justicia.
También se ha puesto en marcha el debido proceso disciplinario a cargo de la Inspectoría General del Ministerio Público.
Durante años, una red de fiscales, empleados administrativos y policías se habría dedicado a eliminar antecedentes penales a cambio de sobornos, unos hechos de los que se han beneficiado sicarios, narcotraficantes, violadores sexuales e imputados por violencia de género, adulteración de alcohol y secuestro.
Incluso, personas recluidas que cumplen condena de hasta de 30 años figuran sin antecedentes penales en los registros oficiales.
En la operación se llevaron a cabo allanamientos en el Distrito Nacional, Santo Domingo, Independencia y San Pedro de Macorís que permitieron ocupar evidencias de los delitos imputados, como dispositivos electrónicos, pruebas de transferencias bancarias, armas de fuego, vehículos, dinero en efectivo, cédulas y copias de estos documentos.
Los imputados que fueron arrestados en el operativo han de responder ante la justicia por los cargos de asociación de malhechores, soborno, cibercrimen y lavado de activos.
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