Santo Domingo.- La Procuraduría General de la República (PGR) informó este jueves sobre la medida de coerción impuesta por la jueza Wendy Tavárez, que declaró de tramitación compleja el proceso abierto contra Lorenzo Silverio Almonte o Julián, conocido como el Pastor, quien enfrenta cargos por actos de tortura, maltrato, así como abuso sexual y psicológico a menores de edad.
La Fiscalía presentó el pliego de pruebas documentales y materiales contra el acusado, así como los informes de evaluaciones físicas y psicológicas practicadas a cinco de las víctimas con edades de entre 13 y 17 años, que revelaron daños a causa de violaciones sexuales, golpes contusos, agresiones psicológicas y otros abusos.
La contundencia de estas pruebas que, entre otras, incluye el testimonio de las víctimas, llevaron al tribunal a autorizar un anticipo de pruebas para evitar la exposición de los afectados en etapas posteriores del proceso, señaló la PGR en un comunicado de prensa.
El tribunal también admitió la solicitud de declarar el proceso de tramitación compleja, por la pluralidad de víctimas y de delitos imputados al detenido.
En diligencias encabezadas por la Fiscalía, a través de su Unidad de Atención Integral a Víctimas de Violencia de Género, Intrafamiliar y Delitos Sexuales, las autoridades allanaron el establecimiento, identificado como centro de rehabilitación ante alcoholismo y problemas de conducta, donde los menores de edad ingresados sufrían numerosos abusos.
En el interior del centro, las autoridades observaron que los menores de edad estaban "hacinados y en condiciones deplorables e inhumanas", por lo que los remitieron al Consejo Nacional para la Niñez y la Adolescencia (Conani).
Además de los abusos físicos y psicológicos, los internados fueron obligados a ingerir sustancias psicóticas y medicamentos sin prescripción médica, apunta la nota.
La Fiscalía presentó cargos provisionales contra el imputado por violación de diversos artículos del Código para la Protección y los Derechos Fundamentales de Niños, Niñas y Adolescente; de la Ley General de Salud, de la Ley sobre Lavado de Activos y Enriquecimiento Ilícito y del Código Penal Dominicano.
En las diligencias de la investigación y asistencia a las víctimas participaron también la Fiscalía de Niños, Niñas y Adolescentes de Santiago, el Ministerio de Salud Pública, el Servicio Nacional de Salud y la Policía Nacional, agrega la información.
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