El Ministerio Público de Santo Domingo solicitó prisión preventiva para diez personas involucradas en una estructura de corrupción administrativa, relacionada con sobornos en contratos de seguridad privada. La operación, denominada Lobo, ha desarticulado esta red y se prevén más arrestos y pruebas en el proceso judicial.
Santo Domingo.- El Ministerio Público solicitó prisión preventiva, como medida de coerción, contra diez involucrados en una estructura de corrupción administrativa de militares y civiles, en el marco de la Operación Lobo. Esta estructura se valía de la distribución de sobornos para agenciarse la contratación y mantenimiento de contratos de seguridad privada en instituciones públicas.
“Es importante destacar que esta operación (Lobo) apenas comienza y que, como en todas nuestras operaciones, pueden haber más personas investigadas, así como más arrestos y sometimientos en este proceso”, explicó la procuradora de corte, Mirna Ortiz, titular de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca).
Al encabezar el equipo de fiscales que presentó la solicitud de medida de coerción ante la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente del Distrito Nacional, Ortiz dijo: “Con la Operación Lobo, el Ministerio Público ha desarticulado una estructura criminal que operaba en el ámbito de las contrataciones públicas, en empresas del sector público, en el área de la seguridad privada”.
También comentó que han identificado una suma pagada en sobornos que excede los 100 millones de pesos, que el MP tiene en su poder, junto con más de 500 pruebas que demuestran la implicación y vinculación de todos los imputados arrestados durante la operación, en esta primera fase del proceso.
Al ser consultada por los periodistas sobre la posible implicación de funcionarios, la titular de la Pepca sostuvo que todos los que estén implicados en la estructura desmantelada con la Operación Lobo serán sometidos a la acción de la justicia. “Como les digo, esto apenas comienza”, apuntó. “Inicia la etapa preparatoria que abre la fase de investigación, así que vamos por más”, enfatizó.
“Estamos solicitando prisión preventiva, como medida de coerción, ya que se trata de una estafa contra el Estado en instituciones públicas de tal magnitud que perjudica la libre competencia de otras empresas”, indicó.
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