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Santo Domingo.- "En representación de nuestros afiliados y afiliadas y
de cientos de organizaciones representadas en la Coalición, hemos llegado
hasta el Congreso Nacional para solicitarles acojan de manera positiva y sin
demora la Observación del Presidente de la República al Código Penal con el
propósito de establecer algunas excepciones a la penalización absoluta del
aborto, de manera que este no sea punible cuando peligra la vida de la mujer, cuando ésta ha sido víctima de violación o incesto, o cuando
el embrión o feto presenta malformaciones incompatibles con la vida".
La penalización absoluta del aborto anula los derechos
fundamentales de la mujer, menoscaba su dignidad y su integridad y la reduce a simple incubadora carente de derecho y
autonomía para tomar decisiones sobre su salud y su vida. Como médicos,
tenemos la responsabilidad ética y moral de tomar decisiones orientadas a
garantizar la salud y la vida de las personas, y en este caso de la mujer,
apegados a criterios científicos y sin que se vea afectada nuestra seguridad jurídica.
Obligar a una mujer a llevar a término un embarazo
forzado, fruto del crimen de la violación sexual, es un acto de tortura,
cruel, inhumano y degradante que afecta su dignidad humana, el derecho a la
libertad, la autonomía y el libre desarrollo de la personalidad, derechos que
están resguardados por nuestra Constitución.
Como médicos y médicas, vivimos a
diario el drama humano que significa para una familia cuando la salud o la
vida de la embarazada están en juego. Frente a las salas de urgencias, frente
al quirófano, evangélicas, católicas, creyentes y no creyentes, su petición
más contundente es, Dr. sálvele la vida, garantícele la salud por encima de
todo. Entonces nos preguntamos, ¿y de dónde
viene esta doble moral?. En el centro de salud nos piden que le salvemos la
vida, pero en el Congreso y en los púlpitos piden 10 años de cárceles y 30,
si es que la mujer no sobrevive. A esas ambigüedades es que el Presidente
Medina pretende dar respuesta con esa Observación.
Señoras y señores legisladores, la penalización del aborto sin excepciones, se traduce
en un grave problema de salud pública, porque lejos de contribuir a reducir
la alarmante tasa de mortalidad materna que presenta el país, profundiza esta
situación al obstaculizar la intervención oportuna y eficaz del personal de
salud en esos casos extremos y evitar la muerte de más
mujeres. Esperamos que el Congreso Nacional base su decisión en apego al Estado Social y Democrático de Derecho, garante de los derechos humanos de toda la ciudadanía y
respetuoso de la libertad de cultos, de conciencia y de religión, lo que
implica que la concepciones de una parte o sector de la sociedad no pueden
constituirse en el referente para el ordenamiento jurídico del Estado.
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Si (
No(
