El Tribunal prohí­be la emisión de los testimonios del caso Odebrecht

Santo Domingo.- La decisión de las juezas responde al argumento de que los testigos que no están presentes en la sala pueden ser influenciados al tomar conocimiento de las declaraciones, condicionando así futuros testimonios, algo que vulnera el principio de publicidad de la audiencia.

La resolución toma en cuenta la solicitud de la defensa del imputado Ángel Rondón en este sentido y supone que, a partir de este momento, cuando un testigo declare durante el juicio, las emisiones en vivo se suspenderán y los medios de comunicación presentes en la audiencia no podrán grabar videos ni audios de los testimonios.

"Lo único a lo que deben abstenerse los medios de comunicación es a difundir los videos y el contenido de las declaraciones de los testigos que se estén presentando en este juicio", decidió el tribunal, limitando así el derecho a informar en esta etapa del juicio, que se ha estado transmitiendo por la plataforma del Poder Judicial y por diversos distintos medios de comunicación.

Durante la audiencia, y según medios de prensa locales, el exejecutivo de Odebrecht Mauricio Dantas Bezerra admitió que la empresa pagó millones de dólares en sobornos en el país que eran canalizados a través del empresario Ángel Rondón y el abogado Conrado Pittaluga, dos de los seis acusados en el proceso.

De acuerdo al testigo, quien también citó como receptor de sobornos al exministro de Obras Públicas Víctor Díaz Rúa, el dinero se entregaba a estos para que hicieran posible que Odebrecht se adjudicara la construcción de obras. Dantas Bezerra afirmó que en el país la empresa admitió la comisión de los delitos de corrupción, lavado de activos y violación a las reglas de contabilidad.

El tribunal suspendió el proceso hasta el lunes venidero, para continuar escuchando al ex director jurídico de Odebrecht y a otro testigo brasileño, Rodrigo Maluf Cardoso. Los otros tres acusados dominicanos son los exsenadores Tommy Galán, Andrés Bautista y Roberto Rodríguez. La constructora brasileña admitió haber pagado 92 millones de dólares en sobornos en la República Dominicana para obtener la adjudicación de obras públicas entre 2001 y 2014.