Santo Domingo.- La República Dominicana necesita una Ley de Regulación del sector inmobiliario que garantice la protección de los consumidores y usuarios, así como la seguridad jurídica a dominicanos y extranjeros que deseen invertir en el sector, de acuerdo a la AEI.
El planteamiento fue hecho por representantes de la Asociación de Empresas Inmobiliarias (AEI) durante una visita a la Directora Ejecutiva de Pro Consumidor, licenciada Altagracia Paulino, a quien le entregaron el anteproyecto que promueven con miras a regular el corretaje inmobiliario de la República Dominicana.
La licenciada Paulino recibió en su Despacho de Pro Consumidor a los directivos de la AEI encabezada por su presidente Emil Montás e integrada por Mélido Marte, Eros Caamaño, Bienvenido Paulino, Aleni Garabitio y Gilberto Santos Veloz quienes pidieron el apoyo de la institución garantista de los derechos económicos de la población para que se regule el sector inmobiliario.
"Hemos hecho esta visita con el propósito de buscar apoyo de Pro Consumidor y en especial de su directora Altagracia Paulino para que valore el anteproyecto de Ley y se una para que logremos normativas reguladoras en el mercado", explicó Emil Montás, presidente de la entidad.
De su lado, la licenciada de Pro Consumidor planteó que: "para nosotros reviste una importancia vital el proyecto. Eso les va a generar a ellos más confianza en el mercado. Espero que el Congreso lo asuma, porque es un sector que no ha estado regulado".
Prometió estudiar el anteproyecto de Ley y hacer los enfoques y aportes que sean necesarios, tras indicar que Pro Consumidor ha recibido gran cantidad de reclamaciones de usuarios que se sienten afectados en los procesos de adquisición de inmuebles precisamente por las irregularidades en el sector.
Paulino citó que se ha producido irregularidades hasta en la cantidad de metros que ofrecen los vendedores a los usuarios y la cantidad que se registra en el título oficial.
Los integrantes de la Asociación de empresas inmobiliarias aseguraron que es necesaria la legislación porque existe un riesgo de un 80 por ciento de las viviendas de los dominicanos porque cualquier maestro construye una vivienda sin la debida regulación.
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