El presidente Bukele aseguró que "todas las medidas que ha tomado el Gobierno de El Salvador, a pesar de las campañas que dicen que son dictatoriales, son recomendadas por la OPS". El mandatario añadió que las medidas que otros países han tomado son "muchísimo más estrictas que las de El Salvador" y citó como ejemplo las tomadas por España e Italia. "No estamos hablando de dictaduras, no sé si hay dictadura en Italia", acotó.
Algunos analistas y activistas salvadoreños han señalado que el mandatario ha impulsado medidas de carácter "autoritario", como el ingreso a la sede del Congreso en febrero pasado con militares y policías armados el pasado 9 de febrero. Otra decisión cuestionada es la de no obedecer un fallo del Supremo de frenar las detenciones y confinamiento "forzoso" de las personas que supuestamente se saltaban la cuarentena domiciliar mientras los diputados no lo habilitaran mediante una ley.
En los últimos días, Bukele ha criticado a los diputados por no prorrogar un estado de emergencia y a los magistrados por suspender la declaración de dicho estado por parte del Ejecutivo, que prescindió del Legislativo.
Demanda no procede
El director ejecutivo para las Américas de Human Rights Watch, José Miguel Vivanco, aseguró en sus redes sociales que la demanda que pretende llevar Bukele a la CIDH no es procedente. "Su demanda es inadmisible por ser un disparate. Un poder del Estado no puede acudir al sistema para que la CIDH revise decisiones de otro poder del Estado", señaló Vivanco. Añadió que "el ejercicio de controles entre los órganos estatales no solo no viola derechos humanos, sino que los protege".
Buscan anular emergencia y cuarentena
Dos representantes del partido opositor Alianza Republicana Nacionalista (Arena, derecha) acudieron a la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema para que anule dichos decretos. "Nuevamente hemos visto cómo el presidente ha sobrepasado las atribuciones que la Constitución le otorga y el abuso de poder", dijo a periodistas Carlos García, diputado suplente de Arena.
Arena y el Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN, izquierda) se han negado a ampliar una ley de confinamiento obligatorio y que permite el uso de la fuerza porque, a su juicio, el mandatario se basó en ella para aplicar medidas que violan derechos. Según el último recuento oficial, El Salvador registra 1.571 casos confirmados de COVID-19, 32 fallecidos y 902 pacientes sospechosos de contagio.