Santo Domingo.- La XXX convención del Partido Revolucionario
Dominicano (PRD), que tuvo lugar el pasado domingo 19, sella la división de ese
partido al tiempo que plantea serias interrogantes sobre el sistema dominicano de
partidos políticos.
Quizás lo más sorprendente fue el comportamiento de los
organizadores de la convención, todos partidarios de Vargas Maldonado.
Llamó la atención que a pesar de una decisión del Tribunal
Superior Electoral (TSE), al candidato a la presidencia del PRD Guido Gómez
Mazara no se le permitió que sus delegados participaran en el conteo de los
votos, aduciendo tardanza en la presentación del nombre de estos.
Al propio Gómez Mazara no se le permitió votar y a los
periodistas no se les autorizó el acceso a las mesas de votación, siendo
tratados algunos de ellos con agresividad e incluso con violencia.
Aunque Gómez Mazara afirma que llevara el caso ante el TSE,
nadie cree que sus reclamos puedan prosperar, mientras es tratado como "enemigo
interno" por los partidarios de Vargas Maldonado.
Más allá de la división del más antiguo de los partidos de
la Republica Dominicana, lo que resalta es el deterioro del sistema partidista
del país.
Contaminados por el clientelismo y la corrupción los
partidos dominicanos se permiten prácticas expresamente prohibidas en la mayor
parte de los países democráticos.
Para tratar de remediar a esta situación se presentó un
proyecto de ley de partidos políticos en 1999. El proyecto no ha podido ser
aprobado en 15 años a causa de la oposición de los principales partidos del
sistema que resisten a ser regulados ya que, como se dice aquí, prefieren andar
"como chivos sin ley".
Analistas políticos destacan que el presidente Danilo
Medina, junto a otros candidatos durante la última campaña presidencial, hizo
el compromiso público de impulsar la aprobación de la ley de partidos políticos
en el primer año de su mandato. Han pasado dos años y no ha sucedido nada.
Son muchos los actores, tanto nacionales como
internacionales, que expresan su preocupación en torno al terma, temiendo que
la situación pueda terminar provocando una crisis de gobernabilidad.
Consideran que la puesta en vigencia de una ley de partidos puede contribuir
a frenar las prácticas corruptas y abusivas en la que incurren a menudo las
organizaciones políticas.
El Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo
(PNUD), ha planteado públicamente su interés de contribuir a la elaboración
final de la ley y a su aprobación.
También el poderoso Consejo Nacional de la Empresa Privada
(CONEP), que agrupa a las 52 organizaciones empresariales del país, ha hecho un
llamado a la aprobación de la ley.
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