El Primer Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional envió a juicio de fondo a los implicados en el caso del fraude del Banco Peravia, y acogió como válidas las 25,000 piezas probatorias presentadas por la Fiscalía contra los acusados, en la audiencia preliminar celebrada hoy.
Santo Domingo.- El tribunal rechazó todas las solicitudes de nulidad hechas sobre la acusación del Ministerio Público, estableciendo que las pruebas debatidas en la audiencia preliminar, que se prolongó desde abril hasta noviembre del 2017, fueron recabadas de conformidad a la normativa procesal vigente, informó la Fiscalía en un comunicado.
Además, la juez titular del tribunal, Keila Pérez, rechazó devolver los bienes sujetos a decomiso que habían sido solicitados por intervinientes voluntarios, como por ejemplo el caso de la aeronave Cessna propiedad de los acusados José Luis Santoro, de nacionalidad venezolana y presidente de la entidad, y Gabriel Arturo Jiménez Aray, vicepresidente.
Este fallo es un ejemplo de que las autoridades monetarias y financieras, conjuntamente con el Ministerio Público, están persiguiendo de manera eficiente a todo aquel que atente contra la estabilidad del sistema de intermediación financiera enfatizó la procuradora fiscal titular Yeni Berenice Reynoso.
Resaltó, además, que estos delitos laceran la economía y la vida de cientos de personas que ahorran para tener una estabilidad que ven destruidas por las acciones de organizaciones de crimen organizado que cometen estas acciones a los fines de distraer, en operaciones típicas de lavado de activos, los recursos de los ahorrantes.
En lo que respecta a las medidas de coerción, el tribunal ratificó la prisión preventiva que le había sido impuesta en jurisdicción de Atención Permanente a los acusados Jorge Serret, Nelson Serret, Carlos Alberto Serret, Yesenia Serret Aponte y Paucides Morales Rodríguez.
El banco fue intervenido en noviembre de 2014 tras denunciarse el manejo irregular de sus operaciones, y a sus directivos se les imputan los delitos de asociación de malhechores para cometer diversos delitos y de lavar activos por unos 28,8 millones de dólares.EFE
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