Posiciones enfrentadas en Washington sobre el derecho de nacionalidad

 Washington , EE.UU. La audiencia pública de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que conoció en la tarde del lunes el tema de las decisiones tomadas por el Estado dominicano en materia de nacionalidad fue el escenario de una confrontación entre las posiciones del gobierno dominicano y las sostenidas por la Comisión y un conjunto de organizaciones defensoras de los derechos humanos.

 Mientras la embajadora Rhadys Abreu, representante del gobierno dominicano, reprochó a la CIDH sus reiteradas convocatorias sobre un hecho que "ya ha sido suficientemente debatido", la Comisión pidió una respuesta "inmediata" del Estado dominicano a las observaciones que el organismo autónomo de la Organización de Estados Americanos (OEA) emitió tras su visita a República Dominicana el pasado diciembre.

La CIDH criticó que las medidas tomadas por la República Dominicana ante las denunciadas violaciones al derecho a la nacionalidad van "en una dirección distinta" de las que marca la jurisprudencia del Sistema Interamericano de Derechos Humanos, y pidió explicaciones al Gobierno de Danilo Medina.

En sus observaciones, la CIDH consideró que el problema en República Dominicana se ha "agravado" debido al fallo emitido el pasado septiembre por el Tribunal Constitucional, que niega a los hijos de extranjeros indocumentados esa condición y que la Comisión considera "discriminatorio".

"No se puede exigir que las personas con derecho a la nacionalidad (dominicana) se registren como extranjeros como requisito para el reconocimiento a sus derechos", dijo Felipe González, uno de los siete miembros de la CIDH. Expresó González que "El Estado está tomando una serie de medidas, pero van en una dirección distinta a la que ha señalado la Comisión Interamericana en sus observaciones preliminares y de lo que ha sido la jurisprudencia del sistema interamericano".

Tras la audiencia, la representante dominicana, Abreu de Polanco, manifestó que su gobierno respondería "por escrito" a  las inquietudes de la Comisión, señalando que aún la CIDH tiene pendiente rendir el informe correspondiente para que el Estado pueda formular las observaciones de lugar. Explicó a seguidas la serie de medidas que el gobierno dominicano ha venido implementando para asegurar la regularización de los inmigrantes establecidos en República Dominicana.

A estos planteamientos de la representante oficial dominicana, las organizaciones defensoras de los derechos humanos replicaron que no hay razón válida alguna para que las personas despojadas de su nacionalidad dominicana sean obligadas a solicitar su regularización como si éstas fuesen extranjeras.