La Plataforma Dominican@s por Derecho (DxD) advirtió que la desigualdad se ha profundizado en la República Dominicana al conmemorarse este 23 de septiembre doce años de la sentencia TC 168-13, que "despojó" a miles de dominicanos descendientes de migrantes del pleno reconocimiento de su nacionalidad.
Santo Domingo.- Las organizaciones reunidas en la plataforma entienden que la medida emitida por el Tribunal Constitucional (TC) el 23 de septiembre de 2013 ha profundizado una brecha que, a pesar de las promesas, la actual gestión de gobierno no ha logrado reducir en ningún aspecto.
La plataforma indicó, en una nota, que "la persistencia de esquemas obsoletos y discriminatorios en la administración pública, basados en el origen y condición social de los dominicanos, niega oportunidades de progreso a las personas, sus familias y comunidades y crea no solo ciudadanos, sino provincias de segunda categoría, donde la solución a los problemas no llega".
Los datos de pobreza monetaria que recogen los boletines e informes del antiguo Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo (MEPyD) respaldan esta afirmación, mostrando que las provincias con mayor número de afectados por la sentencia figuran consistentemente entre las más pobres del país.
Aseguró la ONG que el desempleo, la falta de servicios básicos y el bajo nivel educativo son más pronunciados en estas zonas, generando capas de vulnerabilidad para estas personas.
“La falta de una cédula de identidad, principal instrumento de reconocimiento civil, es la base de una extensa cadena de exclusión. Sin este documento, los afectados no pueden acceder a empleos formales, afiliarse al Sistema Dominicano de Seguridad Social, abrir cuentas bancarias o recibir atención médica de calidad, limitando así su desarrollo personal y el de sus comunidades”, dijeron las organizaciones.
La plataforma denunció que en 2024 se han "intensificado" los operativos de detención, creando un clima de incertidumbre y amenaza constante.
"Estos despliegues, que a menudo se basan en el perfil racial, ponen en riesgo a dominicanos que cuentan con sus documentos de identidad, obligándolos a pasar por engorrosos procesos de depuración", denuncó la plataforma.
Consideran que aunque la Ley 169-14 buscó responder a la sentencia del Tribunal Constitucional, miles de dominicanos siguen afectados por la parálisis administrativa de la Junta Central Electoral (JCE) y el Ministerio Interior y Policía (MIP).
"La negligencia y burocracia de estas instituciones obstaculizan la integración plena de estas personas a la sociedad", aseguró la plataforma de organizaciones defensores de migrantes. H.A.A.
Si (
No(
