Coalición Acción por la Justicia y la Seguridad propone pacto nacional

Santo Domingo.- La Coalición Acción por la Justicia y la Seguridad realizó el primer foro de la sociedad civil “POR UN PACTO NACIONAL POR LA JUSTICIA Y LA SEGURIDAD”, este es el primero de cuatro encuentros que se pretenden llevar a cabo previo a la celebración de la Cumbre Judicial Nacional (CJN) que realizará el Consejo del Poder Judicial (CPJ) durante el mes de octubre del presente año.

Las palabras de bienvenida estuvieron a cargo de Francisco Álvarez, Miembro del Consejo Nacional de Participación Ciudadana, y Rosario Espinal dictó la conferencia “Pacto público privado como herramienta para aunar voluntades de los principales actores para alcanzar metas en áreas determinadas”.

Al foro asistieron representantes de los diferentes instituciones y sectores que juegan un papel preponderante en la mejora o el detrimento del sistema de justicia dominicano, tal es el caso de la Suprema Corte de Justicia y del Consejo del Poder Judicial, Procuraduría General de la República, Oficina Nacional de la Defensa Pública, Senado de la República, Cámara de Diputados, Consejo Nacional de Empresa Privada, Asociación de Industriales de la República Dominicana, Confederación Autónoma Sindical Clasista, Colegio de Abogados de la República Dominicana, Asociación Dominicana de Rectores Universitarios , Mesa Nacional de Decanos y Directores de Escuelas de Derecho, Ministerio de Interior y Policía , Palacio Policía Nacional , Consejo Económico y social de la Rep. Do, Partidos Políticos y el Consultor Jurídico del Poder Ejecutivo.

La coalición está compuesta por 18 organizaciones de la Sociedad Civil que unieron sus fuerzas con el firme objetivo superar la crisis y desconfianza que afecta al sistema de justicia dominicano y su impacto en la seguridad ciudadana.

El foro concluyó con las palabras de Sr. Servio Tulio Castaños, Vicepresidente Ejecutivo, Fundación Institucionalidad y Justicia (FINJUS), quien recordó que la coalición persigue que todos los dominicanos tengan un sistema justicia accesible, eficiente, capaz, de calidad y digna, con un régimen de consecuencias eficaz para los transgresores, independiente e imparcial.