Puerto Rico anuncia un impago de 37 millones de la deuda que vence en enero

El gobernador de Puerto Rico, Alejandro García Padilla, anunció el impago de 37 millones de dólares de vencimientos de deuda que cumplen a partir del próximo 4 de enero, que justificó por la falta de liquidez para atender ese compromiso.

Además, García Padilla dijo en una conferencia de prensa que sí se abonarán 329 millones de dólares que vencen a partir de esa fecha de obligaciones generales del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, garantizadas por la Constitución local. “Los acreedores están ávidos por embargar nuestras cuentas para quedarse con lo poco que nos queda”, dijo en tono dramático el jefe del Ejecutivo puertorriqueño, que aprovechó el anuncio para señalar que parte de la culpa del impago parcial le corresponde al Congreso estadounidense.

Dijo que, a su entender, el Legislativo estadounidense ha facilitado el desenlace anunciado al no facilitar que Puerto Rico pudiera llevar a cabo una quiebra ordenada bajo un marco legal. García Padilla oficializó lo que, en realidad, ya había adelantado hace semanas, aunque hoy dio a conocer las cantidades exactas que no se pagarán.

El gobernador detalló que el Estado Libre Asociado de Puerto Rico no cumplirá con el pago de 35,9 millones en bonos de la Autoridad para el Financiamiento de la Infraestructura de Puerto Rico (PRIFA, por su sigla en inglés), así como tampoco 1,4 millones de dólares más en bonos de la Corporación para el Financiamiento Público (PFC, por su sigla en inglés), ambas corporaciones públicas de la isla.

Tal y como se esperaba, el jefe del Ejecutivo adelantó que los cumplimientos de enero que se corresponden con obligaciones generales del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, un total de 329 millones de dólares, sí se respetarán, ya que de otra manera se hubiera incumplido el mandato constitucional que garantiza su pago.

La Constitución local establece que los bonos de obligación general deben ser pagados antes de otros gastos, por lo que un impago hubiera supuesto consecuencias de dimensión desconocida. García Padilla no perdió la oportunidad para cargar contra “los fondos buitres”, que en sus palabras se valieron de los grupos de presión que operan en Washington para impedir que el Congreso permitiera que Puerto Rico se acogiera al capítulo 9 de la Ley de Quiebras federal, que hubiera permitido una reestructuración ordenada de la deuda, que asciende a cerca de 72.000 millones de dólares.