Santo
Domingo.- Agregó que desde el Ministerio Público buscan establecer una
cultura de respeto a la privacidad, "por lo que hemos instruido actuar
sin contemplaciones y drasticidad en los casos en que, con el uso de equipos
tecnológicos, se vulnere la privacidad, se fomente el comercio ilícito de
bienes y servicios, así como en la difusión e injuria pública, dedicando
especial atención a los casos de atentado sexual, pornografía
infantil o su adquisición", enfatizó.
Domínguez
Brito habló del tema en su exposición sobre el contexto legal dominicano de la
ciberseguridad en el marco del taller "Día de Soluciones Tecnológicas
para las ONG 2015" que se desarrolló en un hotel de esta ciudad, organizado por
Microsoft Dominicana y Alianza Organización no Gubernamental (ONG).
De
igual forma, agregó que es de alta prioridad para el Ministerio Público la
atención a la privacidad sexual de jóvenes y adolescentes, por lo que exhortó a
esa población a crear conciencia sobre las fotografías que colocan en las redes
sociales para evitar situaciones de preocupación en las familias, cuando esas
imágenes son usadas para extorsionar y hacer daño a la moral.
Domínguez
Brito destacó que atendiendo a todos esos casos se creó la Procuraduría
Especializada contra Crímenes y Delitos de Alta Tecnología para perseguir y
ofrecer un tratamiento adecuado a cada situación.
Manifestó
que esa dependencia de la Procuraduría trabaja en estrecha colaboración con el
Departamento de Investigaciones de Crímenes de Alta Tecnología (DICAT) de la
Policía Nacional y la División de Investigación de Delitos Informáticos (DIDI)
del Departamento Nacional de Investigaciones (DNI).
Al
compartir la mesa de honor con Jorge Cabeza, gerente general de Microsoft
Dominicana, y Addy Then Marte, directora ejecutiva de Alianza ONG, Domínguez
Brito destacó que el Ministerio Público prestará toda la colaboración a las
iniciativas que surjan en el referido taller.
Reveló
que continuarán fortaleciendo las capacidades y equipos que permitan
hacer más eficiente las labores tendentes a erradicar los delitos de alta
tecnología que afectan a gran parte de la población, especialmente a los
sistemas de protección de la banca y múltiples sectores empresariales del país
con la violación de métodos de seguridad cibernéticos y suplantación de
identidad, entre otras acciones.
Detalló
que dentro de los crímenes de alta tecnología más usuales en la República
Dominicana se encuentran la clonación de dispositivos de accesos, la obtención
ilegal de información y fondos o phishing, así como el acceso ilícito o
hacking.
El
procurador general de la República informó que en el caso de la clonación de
dispositivos la ley establece prisión de uno a diez años, mientras que
para los delitos de hacking se castiga con una penalidad de tres meses a
un año de cárcel.
Agregó
que la Ley 53-07 sobre Delitos de Alta Tecnología prevé sanciones privativas de
libertad y económicas en los casos de atentado contra la vida de las personas,
el robo, la obtención y transferencia ilícita de fondos, estafa y chantaje, así
como en los delitos de robo de identidad por falsedad de documentos y firmas.
"Seguiremos
luchando para obtener las máximas sanciones estipuladas en las legislaciones en
los casos de crímenes y delitos contra la nación y actos de terrorismo, y en
cada caso se ordenará la confiscación y destrucción del sistema de información
o sus componentes, propiedad del sujeto pasivo utilizado para cometer el
crimen", puntualizó.