Santo Domingo.- En una comunicación dirigida a la Cámara de Diputados, el sector empresarial representado por el CONEP, expresó su preocupación en torno a esta pieza, la cual entienden contiene ciertos articulados que resultarían confusos en cuanto su aplicación, y en principio, violatorios a la Constitución, además carentes de concordancia con acuerdos y tratados internacionales que rigen la materia de cambio climático, uso de suelo, en especial suelo marino.
La principal organización empresarial del país indicó que es evidente que el proyecto legislativo carece de la observancia de preceptos constitucionales, internacionales y legislativos y por demás de base para su aplicación, en adición, entienden necesario un estudio del impacto económico al establecer como fuente de financiación el 1% de la recaudación del Impuesto de la Propiedad Inmobiliaria (IPI) y la facilidad y posibilidad de la creación de más provincias, lo que repercutiría en un gasto administrativo mayor en el presupuesto nacional.
Entienden prioritario que se garantice la aprobación de un pieza que pueda ser aplicable al rol del Ministerio de Economía Planificación y Desarrollo (MEPyD), pero más aún el de los distintos ministerios que rigen y regulan el proceder del desarrollo económico y de asentamiento poblacional sin afectar el desarrollo sostenible, el uso y usufructo del derecho de propiedad y la garantía del respeto de los derechos adquiridos.
Señalaron importante ante todo prever lo establecido en los tratados y acuerdos en virtud de la naturaleza internacional tanto públicos como privados del ámbito ambiental, cambio climático y marítimo, en los que la República Dominicana ha sido signataria, como es el caso de SOLAS, MARPOL, BASILEA, El Protocolo KYOTO sobre el cambio Climático, FALT-65, cuyo estudio detallado dentro del marco de redacción y futura aplicación de esta ley se hace necesaria, más aún, cuando hablamos del uso del suelo marino, incluyendo en esto la minería marina, las instalaciones portuarias turísticas, portuarias mercantes, marinas turísticas y de recreación, a los fines de certificación y de operación comercial y aceptación en los mercados internacionales que rigen la materia deben de cumplir acuerdos internacionales o normas establecidas por la Organización Marítima Mundial (OMI).
Consideraron de preocupación la propuesta del proceso de toma de decisiones y la organización del Consejo del Sistema Nacional de Ordenamiento Territorial (SNOT), que resulta a todas luces incompleta y deficiente al no incluir los principales representantes de los alcaldes de las distintas provincias. Queda un vacío además en el proceso de concertación a la hora de la interacción de los distintos ministerios, no solo en la elaboración del plan de ordenamiento, si no en cuanto a la aplicación del mismo.
Reiteraron que como entidad de alto compromiso con el país, el CONEP está en la mayor disposición de integrarse a un diálogo conjunto entre los diferentes sectores que permita crear un pieza legislativa que garantice un mejor ordenamiento territorial y uso de suelo, acorde con nuestra realidad, pero sobre todo que cree las condiciones para una economía más sostenible.
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