En la República Dominicana, la gestión de residuos sólidos constituye mucho más que un desafío técnico. También representa una cuestión de justicia social y ambiental. Mientras los sectores de mayores ingresos concentran gran parte del consumo y generan mayores volúmenes de residuos, las comunidades más vulnerables suelen enfrentar los impactos de la contaminación, la insuficiencia de los servicios públicos y la proximidad a infraestructuras destinadas al manejo de desechos.
El país cuenta con cientos de vertederos, muchos de ellos a cielo abierto o con limitaciones operativas que dificultan un manejo adecuado de los residuos. Durante décadas, comunidades cercanas a instalaciones como Duquesa, Rafey, Puerto Plata, Higüey y otros puntos del territorio nacional han denunciado problemas relacionados con malos olores, incendios, contaminación y afectaciones a la calidad de vida. Esta realidad pone de manifiesto una pregunta incómoda: ¿por qué las cargas ambientales suelen recaer sobre poblaciones con menos capacidad económica y política para defender sus intereses?
El Banco Mundial, una de las principales instituciones internacionales dedicadas al financiamiento del desarrollo y al análisis de políticas públicas, ha advertido que la mala gestión de los residuos afecta de manera desproporcionada a las personas de menores ingresos. Según esta entidad, las comunidades más pobres suelen ubicarse cerca de zonas contaminadas y cuentan con menos recursos para exigir servicios públicos eficientes o mecanismos de protección ambiental. En otras palabras, quienes menos contribuyen a generar los problemas ambientales suelen ser quienes enfrentan sus consecuencias más severas.
La desigualdad también se expresa en quienes trabajan directamente con los residuos. En vertederos, calles, mercados y centros urbanos de todo el país, miles de recicladores informales realizan una labor fundamental para recuperar materiales reutilizables y reducir el volumen de basura que termina acumulándose en los depósitos finales. Sin embargo, continúan siendo uno de los sectores más invisibilizados de la economía.
La Ley 225-20 contempla la incorporación progresiva de estos trabajadores al sistema formal de gestión de residuos, pero los avances siguen siendo limitados. Muchos continúan laborando en condiciones precarias, sin protección social, sin estabilidad económica y sin reconocimiento institucional. Los investigadores británicos David C. Wilson, reconocido especialista en gestión sostenible de residuos; Costas Velis, referente internacional en economía circular; y Chris Cheeseman, destacado académico en ingeniería ambiental, concluyeron en un estudio ampliamente citado que, en numerosos países en desarrollo, el sector informal llega a gestionar entre un 15 % y un 20 % de los residuos urbanos. A pesar de ello, suele permanecer excluido de las políticas públicas y de los beneficios económicos que genera la industria del reciclaje.
Las diferencias también pueden observarse en el territorio. Mientras algunas zonas turísticas, centros urbanos y sectores de altos ingresos reciben una atención constante en materia de limpieza y mantenimiento, numerosos barrios populares y comunidades rurales enfrentan dificultades para acceder a servicios regulares de recolección. La acumulación de residuos en cañadas, ríos, solares baldíos y espacios públicos continúa siendo una realidad frecuente en distintas provincias del país.
Esta situación refleja una forma de discriminación ambiental que no siempre es visible en las estadísticas. Los espacios más valorados económicamente suelen recibir mayores inversiones en limpieza, paisajismo y mantenimiento, mientras que los sectores más empobrecidos enfrentan mayores riesgos ambientales y sanitarios. Como resultado, la calidad del entorno termina dependiendo, en buena medida, del nivel socioeconómico de quienes habitan cada territorio.
Sin embargo, la experiencia local también demuestra que las políticas urbanas pueden intervenir para mitigar estas brechas. En el Distrito Nacional, las administraciones sucesivas de David Collado y Carolina Mejía implementaron una estrategia enfocada en la recuperación masiva de parques, plazas y entornos recreativos —como el remozamiento del litoral del Malecón—. Si bien estas intervenciones dinamizan el uso del espacio público y ofrecen áreas de esparcimiento gratuito para ciudadanos de diversos estratos sociales, su sostenibilidad a largo plazo sigue estrechamente ligada a la capacidad institucional de mantener dichos entornos libres de contaminación y de garantizar que la inversión en higiene urbana no se concentre únicamente en los polígonos recuperados, sino que se extienda de forma equitativa hacia las periferias de la ciudad.
La organización Ciudad Alternativa ha documentado cómo las desigualdades territoriales también se manifiestan en la prestación de servicios relacionados con los residuos sólidos. Sus investigaciones señalan que la eficiencia de los sistemas de recolección y manejo de desechos no siempre es uniforme y que las comunidades con menores recursos suelen enfrentar mayores dificultades para acceder a servicios de calidad.
La Oficina Nacional de Estadística (ONE), organismo responsable de producir las estadísticas oficiales del país, también ha señaló en diversos informes ambientales los desafíos que enfrenta la República Dominicana en materia de residuos sólidos, reciclaje y sostenibilidad ambiental. Estos retos adquieren una dimensión aún más compleja cuando se analizan desde la perspectiva de la desigualdad social.
La discusión sobre la basura, por tanto, no debe limitarse a los vertederos o a la cantidad de residuos que produce la población. También implica reflexionar sobre quiénes se benefician del modelo de consumo actual y quiénes asumen los costos ambientales de sostenerlo. Una política moderna de gestión de residuos no solo debe aspirar a ciudades y comunidades más limpias; también debe garantizar que las cargas y beneficios del desarrollo se distribuyan de manera más equitativa.
La experiencia de la capital de la República Dominicana demuestra que es posible avanzar en la dignificación del entorno urbano, pero el reto nacional sigue siendo extender estos avances a todo el territorio, fortalecer la formalización de los recicladores, modernizar la gestión de los residuos sólidos y garantizar que ninguna comunidad tenga que soportar una carga ambiental desproporcionada por su condición económica o social. Después de todo, una ciudad verdaderamente sostenible no es aquella que solo luce limpia, sino aquella que distribuye de manera justa sus oportunidades, servicios y beneficios ambientales.
Mientras las comunidades más vulnerables continúen viviendo cerca de focos de contaminación, mientras los recicladores sigan siendo invisibles para las políticas públicas y mientras la calidad ambiental dependa del nivel de ingresos de cada territorio, la basura seguirá siendo mucho más que un problema ecológico. Será, sobre todo, una expresión tangible de las desigualdades que persisten en la sociedad dominicana. H.A.A.
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