La Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca) presentó una acusación contra diez personas físicas y siete empresas supuestamente vinculadas a una red de corrupción administrativa y lavado de activos que fue desmantelada mediante la Operación Camaleón, informó el Ministerio Público.
Santo Domingo.- Las irregularidades se desarrollaron principalmente a través del Instituto Nacional del Tránsito y del Transporte Terrestre (Intrant) y el Ministerio de Defensa, que mediante contratos y convenios irregulares con las empresas Dekolor S.R.L., PagoRD Xchange S.R.L. y Transcore Latam S.R.L., se otorgó acceso privilegiado a estas empresas, las cuales se utilizaron para desviar fondos públicos y ejecutar operaciones de lavado de activos, señaló la Fiscalía en un comunicado.
Los investigadores ponen como "eje central del esquema" a José Ángel Gómez Canaan, quien "mantiene vínculos societarios, financieros y operativos con las empresas Dekolor, PagoRD Xchange".
"Bajo su dirección, estas entidades conformaron un entramado criminal dedicado a la estafa contra el Estado, al lavado de activos y al sabotaje tecnológico, consolidando su control sobre infraestructuras críticas y recursos estratégicos del Estado", señaló el Ministerio Público.
Entre los imputados se encuentran, Hugo Beras, exdirector del Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (Intrant); José Ángel Gómez Canaán (Jochi Gómez), propietario de Aurix S.A.S.; Pedro Vinicio Padovani Báez, exencargado del Centro de Control de Tráfico del Intrant, y Samuel Gregorio Baquero Sepúlveda, exdirector de Tecnología del Intrant.
También, Frank Rafael Atilano Díaz Warden, excoordinador de Despacho y representante de Beras ante el Comité de Compras; Juan Francisco Álvarez Carbuccia, director administrativo y financiero del Intrant, y Carlos José Peguero Vargas. A la acusación se sumaron Mariano Gustini, Manuel Eduardo Mora Vázquez y Henry Darío Féliz Casso.
El órgano persecutorio indicó que la investigación recopiló pruebas de la existencia de diversas líneas delictivas, incluyendo corrupción administrativa, fraude en contrataciones públicas, estafa contra el Estado y sabotaje a infraestructuras críticas.
También de contrabando, falsificación, delitos de alta tecnología, actos de terrorismo en infraestructura crítica y lavado de activos.
Por su parte, las empresas acusadas son Transcore Latam S.R.L., AURIX S.A.S., INPROSOL S.R.L., OML Inversiones S.R.L., PagoRD Xchange S.R.L., Industria Soltex Dominicana S.R.L. y Dekolor S.R.L.
En el mes de octubre del año pasado, la jueza Fátima Veloz, de la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente declaró el caso complejo e impuso medidas de coerción contra Hugo Beras, José Ángel Gómez Canaán 'Jochi', Pedro Vinicio Padovani Báez, Samuel Gregorio Baquero Sepúlveda, Frank Díaz Warden, Juan Francisco Álvarez Carbuccia, y Carlos José Peguero Vargas.
El Ministerio Público indicó que José Ángel Gómez Canaán está señalado como beneficiario de contratos fraudulentos con Transcore Latam, Dekolor y PagoRD Xchange; y responsable del control de sistemas semafóricos, videovigilancia y espionaje tecnológico, además del sabotaje a la red semafórica del Gran Santo Domingo.
Mientras, Hugo Beras está acusado de facilitar adjudicaciones fraudulentas a empresas sin capacidad técnica y participación en la manipulación de la red semafórica y del sistema de videovigilancia.
Por su parte, Frank Díaz Warden, según el Ministerio Público manipuló licitaciones y decisiones del Comité de Compras para favorecer a empresas del esquema de corrupción.
Además, la Fiscalía apuntó los supuestos delitos de otros siete acusados. H.A.A.
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