Santo Domingo..- La Cámara de Diputados designó este martes una Comisión
Especial para que investigue lo relativo al reclamo que vienen haciendo cerca
de 3,500 médicos que no aprobaron el examen impartido por el Consejo Nacional
de residencias Médicas (CNRM).
La iniciativa
fue tomada luego de que Abel Martínez, presidente de la Cámara de Diputados,
acompañado por otros colegas, recibiera hoy en su despacho a una comisión de
profesionales de la medicina quienes explicaron la situación que los enfrenta
con el CNRM, a raíz de la aplicación
del examen nacional a más de tres mil aspirantes a residencias médicas del
Ministerio de Salud Pública, de los cuales sólo aprobó el 18%.
Durante la
sesión de este martes, Martínez denunció que a estos estudiantes, que a su vez
son profesionales ya, se les está negando el derecho a revisión de los exámenes
aplicados el día primero de marzo pasado.
Por eso, el
legislador propuso la conformación de una comisión especial funcional para dar
seguimiento a este tema, no sólo a la revisión del examen sino al manejo de
esos recursos que se cobraron y con ello llegar hasta la soluciones del
problema inmediato y a conocer ese procedimiento que hasta ahora es fantasma.
"Ante lo
sucedido, creo que nosotros como diputados, que somos representantes de esos
jóvenes y de nuestras respectivas provincias, debemos unirnos a esta lucha y
exigir en primer término que esos exámenes sean revisados, ya que ellos no
piden que se les pase, sino que se les diga cómo reprobaron o si pasaron la
prueba", declaró el presidente de la institución legislativa.
"Desde aquí,
queremos enviar un mensaje claro de que estamos unidos en esta lucha y que
indagaremos sobre el sistema y el procedimiento que emplea el Consejo Nacional
de Residencias Médicas para examinar. Queremos saber quiénes evalúan, cual es
el método, porqué cobran dinero y a dónde va. Nos hacemos esas interrogantes e
iremos tras las respuestas", sentenció a seguidas.
Durante el uso
de turnos, el diputado Juan Quiñones, como médico, mostró su preocupación por
este problema y planteó que se modifique la ley que le da potestad al Consejo
para desempeñar sus funciones. También sugirió que el examen sea dado por el
Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología y que ese Consejo esté
formado por representantes de las distintas universidades que tienen escuelas
de medicina, así como de instituciones que tienen que ver con el tema.
El congresista
Eugenio Cedeño, presidente de la Comisión Permanente de Derechos Humanos de la
Cámara de Diputados, tomó la palabra para sugerir que no se quede en la
superficie el análisis y búsqueda de solución sino que se busquen esos males de
fondo, al razonar que eso ocurrido con los exámenes es sólo una situación que
destapa una caja de pandora.
De su
lado, Ramón Fernández cuestionó la
profesionalidad de esos maestros, al entender que es imposible que a un docente
le reprueben ocho de cada 10 estudiantes. "Quienes tienen que revisarse son
ellos, los miembros del Consejo; pero además ¿cómo se le cobran unos 13
millones de pesos a esos galenos para examinarles?" se cuestionó el legislador.
José Alberto
García, parte de los comisionados presentes hoy en el hemiciclo, reiteró que
"nuestra propuesta es revisión, con base bibliográfica actualizada, que se
hagan públicas las preguntas y respuestas correctas, por ser un derecho que nos
asiste por el libre acceso a la información que consagra la Constitución".
"No aceptamos
como posible solución al problema lo que
propone el Consejo, ya que agrava el caso por no existir el número de plazas
necesarias para colocar a todos los médicos. La comunidad médica afectada tiene
la intención de transparentar el proceso y despejar dudas", recalcó García.
Gabriela López
dijo que como estudiante de medicina le atemoriza el futuro que le espera, ya
que sus perspectivas profesionales son muy contrarias a las que puede ver hoy
día.
Los galenos se
preguntan por qué se les niega la revisión, porqué las distintas instituciones
que componen el Consejo no se quieren reunir con ellos y porqué quieren someter
a más de tres mil médicos a una resolución que es contraria al reglamento.
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