El jefe de Estado Luis Abinader firmó el decreto que crea la comisión presidencial de transparencia y anticorrupción (CPTA), con el objetivo de hacer más efectiva la lucha contra ese fenómeno en la administración pública.
Santo Domingo.- Abinader estampó su firma en el decreto 76-25 durante su rueda de prensa de los lunes, La Semanal, en la que explicó las funciones de esta comisión, que busca integrar las diferentes estrategias gubernamentales de prevención, transparencia y acceso a la información publica, auditorías y recuperación de activos ilícitos.
Los objetivos principales de la CPTA son ejecutar el plan nacional de lucha contra la corrupción, garantizar la rendición de cuentas y el acceso a la información, coordinar respuestas rápidas ante denuncias y promover una cultura de ética y honestidad en el sector público.
Las acciones específicas de esta comisión, la cual se establece en cumplimiento a un acuerdo con la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), consistirán en la supervisión de compras y contrataciones públicas, recuperación de bienes adquiridos de forma ilícita, creación de un laboratorio de transparencia para monitorear el sector público y fortalecimiento de un sistema nacional de denuncias de corrupción.
Todas las instituciones deberán colaborar identificando y reportando casos de corrupción, cumplir un plazo máximo de cinco días hábiles para suministrar información y documentos y colaborar en investigaciones incluso si el funcionario ha cesado en su cargo.
En la lucha contra la corrupción y a favor de la transparencia, según Abinader "estamos pasando a una segunda etapa donde toda la experiencia la vamos a llevar a este sistema" para conseguir una coordinación más eficiente en todo el territorio nacional (también en provincias se han recibido denuncias), pues no basta con los niveles alcanzados y hay que ir más allá porque, resaltó, "la corrupción afecta la estabilidad institucional y el desarrollo".
Aseguró que es fundamental que los ciudadanos se involucren, por lo que se va a fomentar el acceso a la información pública, las denuncias de corrupción a través de canales oficiales y la inclusión de la sociedad civil y los medios de comunicación en la supervisión porque "todos debemos ser parte de esta lucha", hacer un uso responsable de los recursos públicos y trabajar a favor de una cultura de transparencia y ética.
"Continuar y profundizar esta lucha tiene que ser con la ayuda de todos", dijo Abinader.
En esta comisión, el comité coordinador estará presidido por la Dirección General de Ética e Integridad Gubernamental (DIGEIG), mientras que la dirección ejecutiva corresponderá a la Dirección General de Contrataciones Públicas y también tendrá un papel clave la Contraloría General de la República en la Unidad Antifraude y la Unidad de Auditoría Interna, entre otras instituciones
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