Participación Ciudadana (PC) advirtió sobre el enorme daño que sufriría la lucha contra la impunidad y la confianza en la Justicia, en caso de que tengan éxito los intentos por hacer extinguir los grandes casos de corrupción que cursan en el sistema judicial.
Santo Domingo.- Aprovechando la lentitud de los tribunales, el imputado Jean Alain Rodríguez se ha atrevido a desmentir que solo en la fase preliminar hubo 94 aplazamientos como reveló Participación Ciudadana en su Segundo Informe del Observatorio de casos de Corrupción Administrativa.
Ese dato se encuentra en la decisión del juez Amauri Martínez, que lo envió a juicio de fondo. El intento de dar inicio al juicio de fondo lleva ya 12 audiencias aplazadas, a lo largo de 17 meses, algunas con causas legítimas como la muerte de uno de los abogados, pero la mayoría por recusaciones de jueces y recursos ante la Suprema Corte de Justicia, quien también se ha dilatado en conocer y decidir los mismos, dijo Participación en una nota.
La detallada observación del proceso permite sospechar que la connivencia para defraudar al Estado, también se ha hecho presente para dilatar los casos y hay imputados que alegan no participar en los incidentes que generan la dilación, pero promueven que otros imputados lo hagan.
"Recordemos que en el caso Jean Alain Rodríguez se imputa a 40 personas y 22 sociedades de estafar al Estado por más de 6 mil millones de pesos y que la mitad de los imputados han reconocido su culpabilidad y señalado como responsables a aquellos que no lo han hecho", afirmó la organización.
El exprocurador, agregó Participación, alega que “las dilaciones del caso se deben a plazos vencidos por la acusación, entregas tardías de pruebas, errores en la presentación de evidencias y a la magnitud y desorden del expediente”.
Con estas declaraciones pretende desviar las evidencias que ya PC ha documentado en sus cuatro informes de observación del proceso, de que imputados y sus abogados han incidentado el proceso, como es el caso de Jean Alan Rodríguez, con el claro objetivo de solicitar la extensión de la acción penal, por sobrepasar el tiempo que establece la ley.
Más allá del tiempo que tomaron las investigaciones y de otros aspectos procesales que corresponden al Ministerio Público, la realidad es que, por primera vez, el país procesa en la justicia a redes amplias, complejas y poderosas que por años se enquistaron en la administración pública. El sistema de justicia dominicano nunca se había enfrentado a asociaciones criminales como estas. La única verdad es que en este tipo de casos ha imperado la impunidad, expuso el capítulo dominicano de Transparencia Internacional (TI).
"La ciudadanía no entiende por qué los jueces no pueden controlar las tácticas claramente dilatorias y llegar a una decisión en tiempo oportuno. Las excusas no serán aceptadas, ni atribuir la culpa a plazos o actores de cualquier nivel involucrados en el proceso, pues el robo de la cosa pública les afecta por igual y el país no puede perder la oportunidad de ponerle fin a la impunidad", advirtió la onegé.
Participación Ciudadana solicitó al presidente de la Suprema Corte de Justicia y a todos los jueces a cargo de los grandes casos de corrupción, que no permitan que la impunidad se imponga de nuevo.
"Solo solicitamos que hagan su trabajo con diligencia, imparcialidad y apego a las leyes. Que no haya privilegios para los acusados de corrupción. La ciudadanía así lo espera y lo seguirá exigiendo, al igual que lo ha hecho desde el 2017 a la fecha", puntualizó la organización. H.A.A.
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