Santo Domingo.- Participación Ciudadana aseguró este lunes que los principales expedientes de corrupción administrativa que cursan en los tribunales dominicanos han entrado en una etapa de definiciones judiciales, al destacar que en apenas dos semanas se produjeron decisiones en tres de los procesos de mayor trascendencia del país, con un balance de 95 condenas en primera instancia y el envío a juicio de fondo de 191 personas imputadas.
Las conclusiones forman parte del noveno Informe del Observatorio de los Casos de Corrupción Administrativa, documento mediante el cual el movimiento cívico da seguimiento a los procesos penales vinculados a presuntos actos de corrupción en la administración pública.
En esta edición, el observatorio concentra su análisis en los expedientes de Adán Cáceres y compartes, Donald Guerrero y compartes, y José Ángel Gómez y compartes, debido a las recientes decisiones adoptadas por los tribunales, que la organización considera de especial relevancia para el fortalecimiento de la justicia penal en materia de corrupción.
El informe también incorpora, por primera vez, el caso del Instituto Regional Oncológico del Cibao, cuyas audiencias de medida de coerción se desarrollan en Santiago. Participación Ciudadana explicó que decidió incluir este proceso en el observatorio por la gravedad de los hechos investigados y su impacto institucional, con el propósito de dar seguimiento a su evolución.
Caso Donald Guerrero
Sobre el expediente conocido como Operación Calamar, la organización recordó que el Cuarto Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional envió a juicio de fondo a la mayoría de los imputados, mientras dictó auto de no ha lugar a favor de Gonzalo Castillo, José Ramón Peralta, Marcial Reyes, Rosa Iris Ruiz y Daniel Alberto Guerrero Mena.
Precisó que esa decisión fue apelada tanto por el Ministerio Público como por el equipo gubernamental de recuperación de bienes del Estado.
Asimismo, destacó que durante la audiencia preliminar fueron admitidas más del 90 % de las pruebas presentadas por las partes y que el tribunal rechazó todos los incidentes procesales, incluida la solicitud de extinción de la acción penal por vencimiento del plazo máximo del proceso.
Condenas en el caso Adán Cáceres
Respecto al proceso seguido contra el exjefe del Cuerpo de Seguridad Presidencial (CUSEP), Adán Benoni Cáceres Silvestre, el informe resalta la sentencia emitida por el Primer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional, que concluyó con la condena de 20 personas y la absolución de siete imputados.
Entre las penas más altas figuran condenas de 20 años de prisión para Adán Cáceres, el general Juan Carlos Torres Robiou y el coronel Rafael Núñez de Aza. También fueron impuestas penas de 10 años a varios oficiales militares y policiales, además de sanciones suspendidas para otros procesados.
El tribunal ordenó igualmente el decomiso de un amplio patrimonio, que incluye 160 inmuebles, 115 vehículos, armas de fuego, dinero en efectivo, relojes de lujo y equipos electrónicos, además de condenar a cinco empresas a su disolución y al pago de multas.
Como parte de la sentencia, los condenados deberán responder de manera solidaria al pago de una indemnización de 5,000 millones de pesos a favor del Estado dominicano.
Avanza el caso Jochi Gómez
El observatorio también resalta la decisión del Sexto Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional de enviar a juicio de fondo a todos los imputados en el proceso seguido contra el empresario José Ángel "Jochi" Gómez Canaán, el exdirector del Intrant Hugo Beras y otros implicados.
La jueza admitió los cargos de corrupción, estafa, coalición de funcionarios, delitos tecnológicos, sabotaje y lavado de activos, aunque descartó la imputación por terrorismo.
El juicio será conocido por el Tercer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional, que fijó la primera audiencia para el próximo 11 de agosto.
Defensa del juicio de fondo
Participación Ciudadana reiteró que su posición ha sido consistente en favor de que los casos de gran corrupción lleguen a juicio de fondo, al considerar que es en esa etapa donde se desarrolla plenamente la actividad probatoria, se escuchan los testigos, se debaten las evidencias y el tribunal puede valorar integralmente los elementos presentados por las partes.
La organización subrayó que el envío de un expediente a juicio no constituye una declaración de culpabilidad ni afecta la presunción de inocencia de los imputados, derecho que permanece vigente hasta la existencia de una sentencia condenatoria definitiva.
Asimismo, sostuvo que la celebración de audiencias públicas fortalece los principios de transparencia, publicidad y rendición de cuentas, al permitir que la ciudadanía y los medios de comunicación observen el desarrollo de los procesos judiciales.
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